Este miércoles 28 de febrero, se conoció extraoficialmente que durante una reunión entre empresarios y autoridades del gobierno venezolano, se informó que se derogaría la ley que iba a regular a las empresas que ofrecen el servicio de deliverys.
Así lo informó la periodista de la fuente económica, Ginette González a través de su cuenta en X (Twitter) @ginettegm.
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El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) anunció la regulación del servicio de delivery para empresas que venden sus productos a través de las plataformas digitales y de redes sociales.
Como parte de la normativa, las compañías prestadoras del este servicio debían presentar una habilitación postal para poder trabajar.
No obstante, González especificó que tras culminar la reunión se tomó otra decisión a la anunciada y difundida en la Gaceta Oficial N° 42.813, de fecha del 5 de febrero de 2024.
"#ElDato finalizó reunión sobre regulación de deliverys, empresas salieron con la promesa de la próxima derogatoria de la Gaceta Oficial", destaca la publicación.
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¿Qué contemplaba la medida?
El Gobierno Nacional anunció la medida para garantizar la protección de los consumidores, además para lograr que la entrega no sea a destiempo, se mantenga la confidencialidad y seguridad de los datos de los usuarios.
Con esta normativa "no cualquier repartidor va a poder hacer entregas, ni cualquier empresa va a poder realizar servicios".
Se pretendía además controlar robos, extravíos y que los motorizados respetarán la Ley de Tránsito y ordenanzas municipales al cumplir con las normas.
Asimismo, los deliverys al registrarse en Ipostel recibirían una placa especial, que los identificaría como prestador del servicio de entregas, con un permiso de duración anual.
Igualmente, las empresas deberían obtener así una concesión postal oficial para operar.
Se dijo que la normativa crea un importe de 1 % sobre todas las encomiendas que se concreten a través de aplicaciones digitales. Y la tramitación, otorgamiento y renovación de la concesión postal tendrán un costo de cinco petros, lo que equivale a $300, que se cancelaría con un anticipo de 20% por la solicitud de la habilitación postal y el pago del 80% restante cuando resultaba aprobada.
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