AVN
El intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Luis Motta Domínguez, denunció este lunes que un grupo de opositores lo agredieron a él y a otros funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos que efectuaban tareas de fiscalización en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en el municipio Chacao, en el este del Área Metropolitana de Caracas.
Indicó a YVKE Mundial que durante la instalación de un puesto de fiscalización y recepción de denuncias, ante señalamientos como la venta de teléfonos celulares en hasta 120.000 bolívares, los derechistas los agredieron lanzándoles frutas, agua y huevos, entre otros elementos.
Resaltó que pese al ataque, seguirán colocando estos espacios en los diferentes centros comerciales del país para proteger al pueblo de la especulación en el acceso a los productos. Ya hay espacios como estos en los centros comerciales El Recreo, San Ignacio, Lido, Sambil y El Valle, en Caracas.
La superintendente Andreína Tarazón se refirió al hecho a través de Twitter. "En este momento, el equipo de la Superintendencia de Precios Justos que realiza trabajos de fiscalización en el CCCT es atacado", escribió en @AndreinaTarazon.
"Los intolerantes no se pueden imponer por encima de los intereses de la mayoría del país. ¿Quién está en contra de las fiscalizaciones?", se preguntó.
La Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el 23 de enero pasado, establece severas sanciones para delitos que han constituido el foco de la guerra económica de la derecha venezolana: la especulación, el acaparamiento, el boicot y la usura.
La normativa crea la Superintendencia, adscrita a la Vicepresidencia, con tres tareas básicas: fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, mediante el análisis de su estructura de costos; definir un porcentaje máximo de ganancia y fiscalizar la actividad económica y comercial, con el fin de defender al pueblo.
De la Sundee dependen la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos y la Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
El instrumento legal señala que la ganancia no podrá exceder de 30 % de la estructura de costos, y que se podrán determinar márgenes máximos por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos.
Los bienes adquiridos o producidos con divisas oficiales deben ser identificados con una etiqueta, para que la gente esté en conocimiento de ello.
La Ley también declara de utilidad pública e interés social los bienes y servicios para la producción, importación, transporte, distribución y comercialización. En ese sentido, el Ejecutivo puede iniciar procedimientos expropiatorios cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos, de acuerdo con la Constitución.
Lunes 10/03/2014