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Conatel asegura que ningún medio de comunicación ha denunciado censura en el país

Jueves, 20 de febrero de 2014 a las 07:30 pm
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Comunicado Conatel

Conatel emitió un comunicado este viernes en el que hacen referencia al documento entregado por un grupo de jóvenes en el que demandan respuesta del organismo ante distintos planteamientos relacionados con la situación política actual del país y la censura que presuntamente existe en el país.

Ante esto, Conatel señala que "el documento plantea un conjunto de opiniones, afirmaciones y juicios de valor sobre los hechos ocurridos, e interpretaciones jurídicas de los mismos, que escapan al ámbito de competencia de este Directorio", por lo que aseguraron que les resulta "jurídicamente imposible” dar respuesta a dichos planteamientos.

Lea a continuación el texto completo del comunicado:

El Directorio de Responsabilidad discutió en su Acta de Sesión N° 248 del día 19 de febrero, el documento introducido ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y firmado por un grupo de jóvenes, en el que realiza un conjunto de afirmaciones y demandan respuesta de CONATEL y por lo que este cuerpo colegiado decidió dar contestación en los siguientes términos:

1.- El Directorio de Responsabilidad Social lamenta profundamente los hechos ocurridos en los últimos días en los cuales un grupo de protestas han derivado acciones violentas que lamentablemente han provocado pérdidas de vidas humanas, lesionados, detenciones, daños a la infraestructura pública y alteración de la paz ciudadana, a que tiene derecho el pueblo venezolano. El Directorio hace votos por el pronto retorno a un clima de paz que, respetando las diferencias políticas, permita encauzar la protesta a través de fórmulas constitucionales y pacíficas, como lo ha pedido el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

2.- El Directorio de Responsabilidad Social valora positivamente que la actividad convocada por un grupo de jóvenes hacia la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el pasado lunes 17 de febrero, se haya realizado de forma cívica y pacífica, e invita a estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, que deseen ejercer su derecho a la protesta lo hagan de forma responsable, acatando las disposiciones legales, el respeto al orden público y a las instituciones del Estado.

3.- Con relación a los puntos expuestos, el documento plantea un conjunto de opiniones, afirmaciones y juicios de valor sobre los hechos ocurridos, e interpretaciones jurídicas de los mismos, que escapan al ámbito de competencia de este Directorio. Nos resulta por tanto jurídicamente imposible dar respuesta a dichos planteamientos. Invitamos a los estudiantes a realizar sus propuestas y exigencias, que se relacionan con la supuesta violación de derechos civiles y políticos en Venezuela, ante las instancias correspondientes.

Este Directorio lamenta que el documento presentado no haga mención alguna a las consecuencias de los actos violentos de los últimos días, tales como ataques a personas, trabajadoras y trabajadores, sedes e infraestructura pública, daños a servicios vitales como transporte, banca y telecomunicaciones, daños a privados, así como daños a personas naturales que han visto impedido su derecho al libre tránsito en distintas vías públicas del Territorio Nacional. E igualmente el repudiable acecho durante siete días al canal público, Venezolana de Televisión.

También deplora que el documento no haga mención concreta de rechazo a los actos violentos y sus perpetradores, organizadores y financistas, los cuales, sin distingo de ningún tipo deben responder ante la ley por sus actos delictivos.

4.- Con relación a la supuesta violación de derechos comunicacionales:

4.1.- Es falso que en Venezuela se impida la libre circulación de la información. Nuestro país disfruta de las más amplias garantías en materias de información y comunicación. Tales garantías permiten operar libremente a más de 600 emisoras de radio y 64 canales de televisión privados en señal abierta; además de emisoras de radio y televisoras alternativas y comunitarias; sistemas de suscripción por televisión, telefonía fija, móvil y servicios de Internet, donde coexisten operadores públicos y privados.

4.2.- Es falso que se haya instaurado censura previa. En Venezuela la censura previa está prohibida constitucionalmente. Hoy en día no existe, ni ante CONATEL, el Directorio o ante alguna instancia administrativa o judicial de la República, denuncia o demanda alguna de un medio de comunicación que afirme haber sido objeto de censura previa en Venezuela. Y por tanto es falso también que se le impida a algún medio o persona el derecho a la libertad de expresión e información.

4.3.- Es falso que desde el Estado se haya saboteado las redes sociales que operan en Internet. Es importante conocer que dichos servicios son manejados y operados desde el extranjero y por tanto no pueden ser intervenidos desde nuestro país. Sí resulta útil recordar que, como espacio libre de información y opinión, estas redes han sido inundadas en los últimos días de informaciones falsas, montajes fotográficos, videos alterados y un conjunto de fenómenos que constituyen una agresión comunicacional y desinformación que busca alterar y manipular la conciencia y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas.

Al mismo tiempo, de acuerdo con los reportes de CONATEL, la estructura informática de Venezuela está siendo objeto de ataques telemáticos, intervenciones y sabotajes, hechos ilegales y delictivos desde fuera y dentro de nuestro país. Estos fenómenos, abiertamente violatorios a nuestras leyes, que pueden ser descritos como actos terroristas contra el pueblo venezolano, han ocasionado además afectaciones y daños en algunos servicios en los últimos días, que afortunadamente han sido superados por las instituciones y quienes laboran en ella.

El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, hace un nuevo llamado, un exhorto a la responsabilidad a los actores políticos, ciudadanos y ciudadanas que manifiestan sus posiciones en las calles y a los medios radioeléctricos a desarrollar sus actividades legítimas en el marco de la Constitución y las leyes, y en la búsqueda de la paz, como fundamento para el diálogo y el debate constructivo sobre los problemas de nuestro país.