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La última propuesta legal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte a los opositores que las manifestaciones de "odio e intolerancia" contra las familias chavistas serán "severamente castigadas", en medio de una ola de protestas que enfrenta el sucesor del líder bolivariano Hugo Chávez.
Maduro dijo que su proyecto busca "reeducar" a los opositores que han sido "inyectados de odio" por sectores "fascistas" de la oposición que, según afirma, dirigen una conspiración para derrocarlo. "Hice un llamado para que se acabara la intolerancia contra la familia, contra el hogar. La lucha política tiene que tener límites éticos", se quejó en la noche del viernes.
Desde que llegó al poder el pasado abril, el arsenal legal de Maduro para preservar el orden ha crecido sin pausa, con acciones que apuntan a limitar el movimiento de la oposición y cercar a los empresarios y medios de prensa independientes.
Y todavía le quedan por delante diez meses de los poderes especiales para legislar por decreto que le otorgó el Congreso.
El ambiente político en una Venezuela fragmentada entre simpatizantes y opositores del gobierno escaló tras la detención de varios estudiantes que pedían una mejora de la seguridad ante el crimen y una posterior manifestación en Caracas que degeneró en violencia, dejando tres muertos y 66 heridos.
Los sucesos resucitaron la preocupación regional por la estabilidad de Venezuela, cuando se acerca el primer aniversario de la muerte de Chávez, el 5 de marzo. En sus casi 14 años como gobernante, Chávez enfrentó un golpe de Estado, una huelga general de dos meses y varias crisis políticas, pero salió airoso de todo ello, con el respaldo de los petrodólares que siempre fluyeron pese a las tormentas.
La nueva pugna política hizo que los venezolanos desviaran su atención del azote de la inflación y el desabastecimiento, que en enero alcanzó niveles sin precedentes del 28 por ciento, lo que indica que en el mercado escasean 28 productos de cada 100. Mientras, la inflación escaló al 56,3 por ciento en año pasado.
La respuesta del gobierno a la situación ha sido más leyes restrictivas, acompañadas de un discurso de Maduro que asegura estar bajo fuego por una guerra económica provocada por la burguesía y un intento de golpe puesto en marcha por la oposición.
Para luchar contra la inflación, Maduro aprobó una ley de Costos y Precios Justos, que limita las ganancias en todos los sectores a un 30 por ciento.
Además, Maduro señaló que en adelante no permitirá que manifestantes bloqueen el paso por las autopistas, una de las herramientas de protesta predilecta de los estudiantes, y anunció que acabará con esa práctica por vía legal. "No vamos a permitir que cuatro loquitos vengan a trancar las autopistas", recalcó.
El analista político Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis, advirtió que el gobierno debe manejar con cautela el movimiento estudiantil, heredero de la lucha de los universitarios de 2007, considerado clave en una de las pocas derrotas electorales de Chávez, la referente a una reforma constitucional.
"Las protestas estudiantiles no van a parar. Los estudiantes están haciendo una protesta justa, legal y sentida que, además, ahora no está basada sólo en el terrible entorno-país que les afecta especialmente, sino también en la represión a la que han sido sujetos y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros", señaló.
El gobernante tiene además otro frente abierto en los medios de prensa, tras las muestras de autocensura en las coberturas de las protestas, así como de la represión policial y las imágenes violentas.
En las últimas manifestaciones participaron los editores y periodistas de diarios impresos para exigir al gobierno que entregue los dólares para importar el papel que necesitan las rotativas, cuyos inventarios se reducen, sin que el control de cambios les permita vías alternativas.
En las protestas, el gobierno puso énfasis en responsabilizar al dirigente Leopoldo López por el brote de violencia, acusándolo de cargos de asociación para el delito, terrorismo y homicidio.
"El gobierno intentará aprovechar a López para focalizar las culpas (…) pero apresarlo sería una torpeza mayor", señaló León. "La oposición tiene frente a sí el mayor reto. Es obvia su división por dos variables claves: visión estratégica e intereses del liderazgo", agregó.
López, líder del partido Voluntad Popular, ganó fuerza en las elecciones locales de diciembre, cuando su grupo logró 12 alcaldías. Además, López sugirió que el líder de la oposición, Henrique Capriles, no supo defender sus denuncias de que Maduro cometió fraude en las presidenciales del abril, las cuales ganó por un estrecho margen.
Así, mientras la propuesta de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática es electoral, Voluntad Popular fue más allá y López sumó su voz a la de la diputada María Corina Machado llamando a los ciudadanos salir a las calles para protestar contra el gobierno. "Venezuela no aguanta seis años en esta dirección. Hay un gran riesgo de anarquía, de caos, de destrucción económica", dijo Machado.
Con una oposición dividida en sus métodos de lucha y en una pugna de liderazgo, el gobierno podría apostar por el desgaste de su oponente, ahora que se ve lejana la próxima batalla electoral, que no tendrá lugar hasta las legislativas de finales de 2015.
El consultor político Edgard Gutiérrez llamó sin embargo la atención sobre un descontento popular que puede crecer, mientras el gobierno se muestra "enredado" en un ambiente de confrontación política y descalabro económico.
"Es curioso, Maduro prohibió la protesta y anunció la militarización de varias ciudades, pero ahora hay más gente en las calles", señaló.