La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito que permanece oculto en la sociedad venezolana. A pesar de la existencia de organismos de protección y normativas para penalizar estas actividades, las autoridades no demuestran acciones efectivas ante este delito, así lo expresó la abogada e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, María Gabriela Cuevas.
Señaló que este tipo de delitos se presenta en diversas modalidades y, además, debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, es cada vez más frecuente.
"Se repiten constantemente en países cuyos habitantes se encuentran en situaciones de necesidad" dijo.
En el caso de Venezuela "muchas familias se encuentran en situación de pobreza. Además el Estado y los consejos de protección no cumplen con su deber de brindarles apoyo", apuntó Cuevas.
Recordó que, en los últimos años, una gran cantidad de venezolanos ha dejado el país, para buscar mejores oportunidades laborales, "sin tener una garantía de que conseguirán algo".
Mientras tanto, aquellas familias en situación de pobreza que se quedan en Venezuela “deben enfrentarse a su realidad sin tener recursos, trabajo y sin apoyo alguno por parte del Estado y los organismos de protección”.
La crisis afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes, quienes “quedan desprotegidos, debido a que sus padres se van, o no tienen los recursos para mantenerlos” aseveró.
En ocasiones, algunos padres dejan a sus niños al cuidado de terceros “sin conocer qué podría pasarles en manos de estas personas”.
Mientras que por otra parte, los infantes y adolescentes terminan en situación de calle.
“Siempre que existan estas situaciones, habrá quienes busquen obtener algún beneficio de esto, y es ahí donde comienza la explotación”, explicó Cuevas.
Explotación sexual de infantes y adolescentes en Caracas
En la ciudad capital, las denuncias sobre explotación sexual de niños y adolescentes se han hecho frecuentes.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, en compañía de vecinos de diversas localidades, han denunciado este delito en reiteradas ocasiones.
Rojas explicó que en zonas del centro de la ciudad se puede observar como menores de edad, entre los 12 y 16 años, forman parte de estas actividades.
"Son menores en situación de pobreza o de calle, quienes se entregan sexualmente por un puñado de dólares".
Relató que fue testigo de un caso en el que "una adolescente, de unos 14 años, preguntaba a su compañera cuánto le pagaron por acostarse con un sujeto".
Bien sea en locales que ofrecen servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes, o en las plazas y calles, algunos caraqueños han sido testigos de este fenómeno.
Explicó que "la mayoría de los casos, se encuentran las avenidas Libertador y Lecuna cercanas al casco histórico de Caracas".
Asimismo en áreas de mayor afluencia como en el bulevar de Sabana Grande "hay locales que incurren en estas actividades delictivas", dijo.
Recientemente, en entrevista para el Diario 2001, reveló que los reportes algunos testigos "también se encontraron en zonas de Catia", en la parroquia Sucre, al oeste de Caracas.
Explicó que existe "complicidad por parte de los cuerpos de seguridad, cuyos agentes cobran vacunas para no arrestar a los dueños de los locales".
Por otra parte, en Chacao, al este de la ciudad, se presentó un terrible caso en el que un sujeto agredió brutalmente a un niño de 12, quien se encontraba en situación de calle.
Se conoció que el joven perdió a su madre y su padre lo abandonó cuando era un bebé, por lo cual sobrevivía de la mendicidad y la prostitución.
Explotación en el entorno familiar
La abogada María Gabriela Cuevas explicó que este delito también se desarrolla en el entorno social y familiar y los infantes y adolescentes.
Se refirió a un caso ocurrido en el años 2018 en el cual una familia acepaba entregar a su hija a cambio de ciertos beneficios.
"Los involucrados firmaron un contrato, que incluso estaba respaldado por abogados", detalló.
El documento "no tenía ninguna validez legal". Sin embargo, "el hecho de que haya presuntos abogados dispuestos a firmarlos, supone un riesgo, ya que las familias podrían comenzar a ver esto como algo normal".
Explicó que los medios encargados de difundir el caso detallaron que no era la primera vez que ocurría una situación similar.
Además, "informaron que constantemente se recibían más denuncias de este tipo", dijo Cuevas.
Alertó que, ante la "inacción y desinformación por parte de las autoridades. Debemos asumir que hay muchos más casos de las llamadas ventas de infantes y adolescentes".
Detalló que, los padres de las víctimas, "los entregan a terceras personas que ofrecen beneficios, sin conocer cual será el destino niño o adolescente".
La experta explicó que, en algunos casos, "estas personas se comprometen encargarse de la manutención del infante a cambio de servicios".
Los mismos llegan a obligar a los menores de edad a cumplir con ciertos trabajos, además de someterlos al abuso físico y sexual, entre otros tipos de explotación, acotó.
Clientes explotadores
"Quienes adquieren servicios sexuales de cualquier tipo, relacionados con menores de edad, también son delincuentes", manifestó Maria Gabriela cuevas.
Explicó que, tanto las autoridades como la sociedad, "señalan únicamente a los explotadores y dejan de lado a quienes pagan por abusar de los niños".
La investigadora jurídica de la UCAB, se refirió a los denominados "clientes explotadores".
Basada en un informe realizado por la casa de estudios en 2021, Cuevas, detalló diversas características de quienes buscan servicios sexuales por parte de menores.
Aclaró que, en la mayoría de los casos registrados "no son personas con patologías que los clasifique como algo excepcional".
Argumentó que "se trata de personas que están integradas en la sociedad, pero que han integrado estas actuaciones como si fueran aceptables".
"Puede tratarse de un padre que acude a un burdel y obtiene un encuentro sexual con una persona menor de edad; luego vuelve a su casa y se encuentra con su familia, en la que puede haber hijos, también menores" ejemplificó.
Durante la creación del informe de la UCAB, los investigadores entrevistaron a personas que cometían este tipo de actos para determinar un patrón.
Los expertos encontraron que entre los sujetos estudiados "fue un número reducido el que se clasificó como psicópatas diagnosticados".
Basada en los resultados, Cuevas consideró que, "autoridades y organismos de protección deben visibilizar estos datos".
"Si pensamos que solo personas enfermas, esas que tildamos como ‘monstruos’ incurren en estos delitos, la otra parte, que es mayoría pasará desapercibida".
Buscan ocultar el delito
Cuevas se refirió, como ejemplo a las acciones de la Iglesia Católica, sobre la problemática del abuso infantil.
"Dentro de la Iglesia, hubo muchos casos, que ocultaron durante mucho tiempo" dijo.
Sin embargo, desde hace algunos años "aplicaron una política de ‘cero tolerancia’, y buscan acabar con estos actos".
Comparó lo sucedido con la situación de Venezuela con respecto al abuso de niños, niñas y adolescentes.
"Se puede ver por comparación es lo que sucede con el rector de la sociedad. Son situaciones que se dan porque la sociedad las tolera y, cuando se presentan, su reacción es ocultarla o minimizarla" manifestó.
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