Un grupo de fiscales del Ministerio Público está activado en todo el territorio nacional para investigar las presuntas irregularidades en la utilización de los cupos de moneda extranjera otorgados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Así lo informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser entrevistada en el programa Al Descubierto, transmitido por Venevisión, en el que comentó que los fiscales están comisionados para trabajar con los organismos competentes.
En cuanto al acaparamiento de alimentos, Ortega Díaz comentó que los fiscales deben evaluar si la conducta desarrollada por quienes incurren en este delito pudiera implicar poner en riesgo la seguridad alimentaria de los venezolanos y la estabilidad del Estado.
Los fiscales deben valorar si es pertinente la aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de solicitar una medida más gravosa, como una privativa de libertad, refiere un boletín de prensa.
Para Ortega Díaz los medios de comunicación social tienen un papel importante en el tema económico. "Estos espacios pueden ser usados para lo bueno y lo malo; desde esta tribuna puedes incidir en la colectividad a realizar compras nerviosas".
Caso diputada Aranguren
Sobre el caso de la diputada a la Asamblea Nacional (AN) María Mercedes Aranguren, por el estado Monagas, la fiscal general indicó que a criterio del Ministerio Público la conducta desarrollada por la parlamentaria se presume como constitutiva de delito.
Aranguren fue designada como presidenta de la empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, creada por el entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, a través de la que realizó contratos en dólares con empresas extranjeras sin la debida autorización del Estado venezolano.
Ortega Díaz explicó que la diputada dispuso de los recursos de esta empresa para contratar artistas internacionales, lo cual no estaba presupuestado. También se adquirieron dólares a través de casas de bolsa a un precio más alto del oficial, por lo que se causó un perjuicio al Estado venezolano.
Igualmente, los impuestos retenidos no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y además los dólares fueron depositados en el extranjero, precisó.
Puntualizó que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijar la audiencia en el caso para escuchar a las partes./ avn
2013-10-07