Los biberones, los teteros como se les dice en Venezuela, están en apuros en esta nación caribeña debido a la reforma de una ley que, entre otras cosas, pretende prohibir la publicidad y la difusión de este tipo de artículos, así como su uso en niños con menos de seis meses en centros de salud.
La Asamblea Nacional estudiará el martes la reforma de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, que busca incentivar la alimentación de la madre frente a los preparados fármaconutritivos y otro tipo de alimentos en la primera etapa de vida del recién nacido.
La propuesta de la bancada del Partido Socialista (PSUV), del presidente Nicolás Maduro, que prevé imponer sanciones que van desde los 2.140 bolívares (674 dólares) a los 321.000 bolívares (50.952 dólares), ha levantado la controversia, ya que la oposición considera que no se puede promover la lactancia materna con políticas coercitivas.
La diputada Odalis Monzón, vicepresidenta de la comisión de Familia y promotora de la reforma, indicó a Efe que de "lo que se está hablando es de estimular más la lactancia materna", asegurando que la idea es que la ley existente, del año 2007, se cumpla.
Monzón indicó que "de la misma manera" que se sacó la promoción del tabaco de los medios de comunicación hay que evitar que se difunda publicidad que incentive el uso de fórmulas alimenticias y biberones para recién nacidos.
El proyecto de ley prevé la prohibición de "la promoción y publicidad de fórmulas lácteas adaptadas para niñas y niños, así como de teteros, tetinas y chupones y demás productos designados, en todos los medios de comunicación y demás medios publicitarios con accesibilidad en el territorio nacional".
Contempla medidas como la prohibición de la entrega gratuita de este tipo de artículos y de muestras promocionales.
Además, prevé la adaptación de la nueva Ley del Trabajo obligando a las empresas a que se dé tiempo y un lugar específico para que las madres con niños recién nacidos puedan alimentarles.
Contempla también la "prohibición expresa de dar a las niñas y los niños lactantes menores de seis meses de edad, bebidas o alimentos distintos a la leche materna, salvo en caso de indicación médica especial", en los centros de salud.
"Hay excepciones, porque hay mujeres cuando están enfermas o en casos excepcionales que tienen que tener tetero", puntualizó Monzón.
La diputada subrayó que se busca "desestimular" la alimentación a través de preparados antes de los seis meses del recién nacido y promover "la lactancia materna de los niños para seguir con ese lazo, con ese valor tan bonito como es el amor del niño hacia la madre, porque eso se debe seguir hasta los seis meses mínimo".
"Los biberones igualito van a estar en los supermercados pero no con una publicidad, antes lo que se promovía era el uso de fórmulas (preparados infantiles) y teteros", explicó.
Aseguró que estas ideas "nacen producto de las mismas madres, de las mismas organizaciones de mujeres, que son las que han promovido esto ya que son muchos niños los que se enferman".
"Tenemos que visualizar el grado de enfermedades producto de que a veces a los niños no les lavan bien los teteros, los biberones", añadió.
La diputada opositora Dinorah Figuera, presidenta de la comisión de Familia hasta que en abril fue suspendida en el cargo en el medio de la crisis política que vivió el país tras las elecciones, indicó que "los comentarios de la diputada Odalis prácticamente matan la ley".
"Estoy en desacuerdo con que en una ley que se promueve y se reforma para profundizar la lactancia materna se contemple un elemento sancionador", indicó a Efe, agregando que lo que debería hacerse es más bien un mayor esfuerzo "por una ley que nunca fue aplicada por el Gobierno nacional".
Figuera señaló que "la inspiración del legislador" de la norma del 2007 era "promover la lactancia materna, tratar de sensibilizar a las madres", no "que se cuestione, se estigmatice y se prácticamente criminalice a quienes han apostado a la alimentación", en alusión a las empresas del sector.
Lamentó lo que consideró una tendencia del oficialismo a colocar "este tipo de sanciones que buscan siempre medidas coercitivas para tratar de demonizar toda acción de política pública".
Además, en su opinión, "es muy posible" que el Gobierno trate de usar "algunos elementos" de la ley como "mecanismo coercitivo en búsqueda de limitar la acción del empresariado privado en el país". EFE