2001.com.ve| EFE
Aquejado de asma y de una obstrucción pulmonar crónica, Vicente Ladlad, de 71 años, es uno de los 609 prisioneros de conciencia en las cárceles de Filipinas -las más congestionadas del mundo-, expuesto a la COVID-19 por sus ideales políticos y activismo social en grupos de izquierda.
Ladlad está encerrado en una prisión de Manila a la espera de juicio desde noviembre de 2018, cuando fue detenido por posesión ilegal de armas y explosivos, "colocados por la policía como pretexto para arrestarlo", asevera a Efe su esposa Fides Lim, líder de Kapatid, grupo de familiares de los presos políticos.
Su esposo integra el Frente Democrático Nacional (FDN), coalición de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones de masas que negocia, en nombre de la guerrilla comunista filipina, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), y del proscrito Partido Comunista, el proceso de paz con el Gobierno del presidente, Rodrigo Duterte.
PRESOS POR NEGOCIAR LA PAZ
"Mi marido era un simple asesor en la mesa de negociación, pero la persecución política contra él y otros compañeros comenzó en la segunda mitad de 2018, después de que Duterte suspendiera el diálogo", cuenta Lim, muy preocupada por la salud de su esposo.
La detención de su marido se produjo la noche del 8 de noviembre de 2018, cuando Ladlad se escondía en casa de sus amigos Alberto y Virginia Villamor tras enterarse de que tenía una orden de arresto.
"La policía irrumpió en plena noche y a punta de pistola metió el armamento en la casa", relata Lim, que asegura que no encontraron huellas en las armas de ninguno de los tres, encerrados desde entonces sin sentencia en la prisión de Camp Bagong Diwa en Manila.
Según datos de Karapatan -red nacional de organizaciones de derechos humanos-, en Filipinas hay 609 prisioneros de conciencia, de los que 362 fueron detenidos bajo el mandato de Duterte.
"La mayoría son activistas sociales acusados de posesión ilegal de armas que, según ellos, fueron plantadas en el momento del arresto", aseguró a Efe la secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, que ve un "patrón" en la purga política del actual gobierno contra el activismo.
Del total de presos políticos, 100 son mujeres, 47 son de edad avanzada y 63 están enfermos, como Vicente Ladlad, el esposo de Lim.
Lim no ve ni habla con su marido desde principios de marzo, ya que se suspendieron las visitas al declararse la pandemia para evitar que la COVID-19 entrara en las prisiones, que hasta hace poco el Gobierno aseguraba que eran 100% seguras y libres del patógeno.
PRISIONES INFECTADAS
Sin embargo, la semana pasada se confirmaron los primeros casos de COVID-19 -nueve presos y nueve trabajadores- en el penal de Quezon, en Manila: concebido para 800 reclusos, acoge a más de 3.800, hacinados y durmiendo por turnos en las celdas.
Esta semana se han registrado 19 positivos en la prisión femenina de Mandaluyong; otro, en el penal de alta seguridad de Bilibid -ambos en Manila- y el lunes falleció un hombre de 41 años en una cárcel de Cebú, donde ya hay 147 infectados.
Según datos oficiales, las cárceles filipinas sobrepasan su capacidad un 500%, lo que hace imposible mantener la distancia social, y por eso diversos grupos dentro y fuera del país han instado al Gobierno a liberar por razones humanitarias a presos por delitos menores, enfermos y de avanzada edad.
"Los brotes se producen tras numerosas advertencias de que la entrada de la COVID-19 en las prisiones sería un desastre por el hacinamiento y al acceso inadecuado a alimentos, agua, higiene y atención médica", alertó el martes Amnistía Internacional.
Indonesia, Birmania, India, Pakistán, Irán o Turquía son solo algunos de los países que han atendido el llamamiento de la ONU de aliviar la presión en las cárceles en tiempos de pandemia, pero Filipinas -con el sistema penitenciario más saturado del mundo- hace oídos sordos.
¿POSIBLE AMNISTÍA?
Fides Lim fue uno de los 22 familiares de prisioneros de conciencia que el pasado 8 de abril presentó una carta ante la Corte Suprema de Filipinas solicitando una amnistía para presos políticos y la liberación de los más vulnerables a la COVID-19.
El Supremo atendió la petición el pasado viernes y dio cinco días al Gobierno para responder antes de dictaminar; mientras que el Departamento de Justicia solicitó el miércoles a los juzgados del país que agilicen los juicios rápidos y la libertad condicional entre los casos pendientes.
Más del 75 % de los 215.000 reclusos filipinos están en prisión preventiva a la espera de juicio, encierro que se suele prolongar durante años debido a la lenta y colapsada justicia del país.
Sharon Cabusao también firmó la carta al Supremo para pedir la liberación de su marido, Adelber to Silva, un sindicalista de 73 años -que fue asesor en el intermitente proceso de paz con los comunistas- con graves problemas de salud: padece hipertensión y varias dolencias coronarias.
"Estamos muy preocupados por su salud. Espero que el Supremo realmente imparta justicia y escuche nuestro pedido y las recomendaciones de la ONU para incluir a los presos políticos entre las liberaciones prioritarias", dice Cabusao.
Como la mayoría de prisioneros de conciencia, Silva está en Camp Bagong Diwa, "donde no se ha confirmado ningún caso de COVID-19, pero un recluso murió de neumonía", explica angustiada su esposa.
Su militancia en grupos de izquierda llevó a este veterano sindicalista varias veces entre rejas, la última en octubre de 2018 junto con otros líderes sindicales "a raíz de que Duterte cancelara las negociaciones de paz y ordenara la detención de los asesores".
"Lo acusaron de posesión ilegal de armas e intento de asesinato múltiple, cargos ridículos y fabricados", asevera Cabusao.
La intención es clara, según la esposa: hacer pasar activistas por combatientes armados del NEP, la guerrilla más antigua y letal de Asia -nacida en 1969 con inspiración maoísta para luchar contra la dictadura de Ferdinand Marcos- que se ha sumado a las reclamaciones para la liberación de presos políticos.
2020-04-24
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