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La policía emprendió una investigación sobre el hallazgo de los cadáveres de al menos 16 gatos y perros cerca de un puente del que hace siete años fueron arrojadas decenas de mascotas para matarlas en un caso que suscitó la indignación internacional.
Defensores de los animales encontraron los cuerpos de 11 gatos y cinco perros dispersos debajo de un puente en el municipio costero norteño de Vega Alta después de que civiles les avisaran por teléfono.
En entrevista telefónica, la presidenta de un grupo local de rescate de animales, Angélica Mejías, dijo que estaba furiosa. Afirmó que frustración es la única palabra para describir lo ocurrido.
Mejías dijo que además de las mascotas muertas había dos que estaban vivas y fueron llevadas a un refugio.
Las autoridades dijeron desconocer cómo fue que murieron las mascotas pero investigaba si se trataba de un caso de maltrato de animales.
El incidente pone de relieve el constante combate en Puerto Rico contra la crueldad hacia los animales a pesar de las medidas adoptadas recientemente que incluyen campañas de concienciación y la aprobación en 2008 de una ley para enjuiciar a quienes los maltraten.
Miguel Navas, director de la Oficina de Manejo de Emergencias de Vega Alta, dijo que trabajadores recogieron los cadáveres de los gatos y perros y que no se harían autopsias porque los activistas no tenían dinero para pagarlas.
Dijo que era la primera vez que su despacho tenía que recoger muchos animales muertos de un sitio particular, pero subrayó que a menudo se encuentran cadáveres de animales cerca del puente.
Tiran desde lo alto a las mascotas en bolsas para que mueran, declaró Navas en entrevista telefónica. A veces se trata de mascotas que fueron metidas en una caja.
En 2007, Puerto Rico fue blanco de un boicot después de que una compañía dedicada al control de animales confiscó decenas de perros y gatos en un sector de viviendas públicas en el municipio cercano de Barceloneta y se llevó a las mascotas para tirarlas desde el puente.
Más de 50.000 personas a nivel mundial firmaron una petición para boicotear los viajes a la isla y las autoridades locales de turismo calcularon las perdidas subsiguientes en más de 15 millones de dólares.
