La revisión de un contrato que concede a la minera canadiense Barrick Gold la explotación de oro en República Dominicana se mantuvo hoy en el tapete con editoriales en dos diarios y el seguimiento de acciones legales contra el convenio que consideran lesivo al interés nacional.
Además, Barrick Gold anunció este lunes que en los próximos meses iniciará la exportación de oro desde la minera Pueblo Viejo que opera en la provincia Sánchez Ramírez (noreste), en momentos en que la onza del metal se cotiza cercana a los 1.700 dólares.
Por otra parte, una organización no gubernamental local anunció hoy el inicio de acciones contra la Barrick Gold que, aseguró, obtendrá este año beneficios por más de 2.000 millones de dólares por sus exportaciones del oro de Sánchez Ramírez.
La Fundación Justicia y Transparencia dijo que el viernes próximo acudirá a los tribunales de esa provincia a la segunda audiencia de un recurso de amparo que incoó contra el contrato de la Barrick Gold y el Estado dominicano.
El contrato, firmado y aprobado en 2009, establece que la minera empezará a rendir beneficios al Estado dominicano solo cuando recupere la inversión en la explotación, que la propia firma estima en 3.700 millones de dólares, y cuando alcance una rentabilidad del 10 por ciento.
Luego de esto, Barrick Gold comenzaría a pagar al Estado dominicano un 28,75 % de participación en las utilidades netas y el 25 % del impuesto sobre la renta.
Esas condiciones "leoninas" han sido denunciadas desde hace semanas por ecologistas, legisladores, grupos sociales, asociaciones de profesionales y frentes populares, que exigen del Gobierno la revisión del contrato para que la Barrick aporte en lo inmediato beneficios al país.
"Los términos del contrato serán revisados y en la Cámara de Diputados no descansaremos hasta que el país reciba lo que es justo por dicha explotación", exclamó la semana pasada el presidente de ese hemiciclo, el oficialista Abel Martínez.
Asimismo, el senador oficialista Wilton Guerrero expresó hace varios días sentirse "arrepentido" de haber dado su aprobación al convenio con la Barrick Gold y afirmó que el Congreso debería "pedir perdón" al país por esa aprobación que su caso, apostilló, lo hizo por "desconocimiento".
Sin embargo, otros congresistas, economistas y juristas locales han advertido de que el Congreso Nacional (bicameral), de acuerdo a la Constitución dominicana, no tiene facultades para revisar el contrato que, siempre de acuerdo a esas versiones, solo puede volver a conocerse tras un acuerdo entre las partes.
El diario Hoy aseguró en su editorial de este lunes que el país "debe recibir una proporción significativa y a tiempo, de los frutos" de ese contrato (…) "lo que no puede ser visto como mera pretensión de restar a la firma beneficios que justamente le correspondan".
La publicación critica la actitud de legisladores que en su momento aprobaron la pieza y que ahora "se dan golpes de pechos arrepentidos", y saluda la posición del Gobierno al anunciar que respeta la seguridad jurídica "pero que no se apartará de lo fundamental que es defender el patrimonio nacional".
Mientras, el periódico La Información criticó a los congresistas que actuaron "como una aplanadora" cuando aprobaron el contrato minero, aunque recomendó al presidente dominicano, Danilo Medina, a tomar la "iniciativa" y llamar a la Barrick Gold a conversaciones sobre lo pactado en el Gobierno del exmandatario Leonel Fernández.
"Ese acuerdo", reza el editorial, "fue objeto de censura de parte de algunos sectores de la opinión pública y de algunos medios de comunicación social, que entendieron que su contenido era excesivamente permisivo y afectaba, no ya las rentas públicas sino, peor aún, un bien no renovable del cual la república habría de ser despojada sin resarcirse suficientemente por ello".
Los pretendidos reclamos de revisión al contrato minero se suman al rechazo de la explotación del metal amarillo que durante varios años han sostenido defensores del medio ambiente locales que advierten sobre el daño "irreparable" para el ecosistema que entraña la destrucción de amplios extensiones de bosques y la contaminación de fuentes acuíferas. EFE