La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia decidió hoy mantener la confidencialidad de las actas sobre las discusiones que se presentaron en torno al litigio con Nicaragua por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El levantamiento de la reserva había sido pedido por diversos sectores políticos con el objetivo de definir la responsabilidad de los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y el actual de Juan Manuel Santos, que empezó en 2010, por la pérdida de una porción del mar Caribe en la que Bogotá ejercía soberanía.
La comisión es un órgano asesor del gobierno y está conformada por todos los ex jefes de Estado, los ex ministros de Relaciones Exteriores y varios congresistas.
En su primera reunión de este año, la comisión analizó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este caso y la posibilidad de levantar la reserva de las actas de los últimos años para que el país pudiera conocer la responsabilidad que tuvieron esos gobiernos.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), portavoz de la comisión, explicó que en el encuentro se decidió no levantar la reserva, aunque las actas serán entregadas al Ministerio Público para una investigación de carácter disciplinario.
"Es unas de las reuniones más fructíferas que se han celebrado. Es la primera reunión que se celebra después de conocer el fallo de la Corte de La Haya. Obviamente ese fue el tema que ocupó la mayor parte de nuestra atención", dijo Samper.
"La Comisión empezó por tomar una decisión, a solicitud del presidente (Santos), de mantener la confidencialidad de todas sus deliberaciones y las actas que recojan estas deliberaciones", apuntó el ex mandatario.
Asimismo, Samper comentó que la comisión dio respaldo a las gestiones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace poco contrató a una firma de abogados británica que en mayo entregará un informe al gobierno con sugerencias para encarar el fallo de la CIJ.
"(La comisión) entendió la decisión del gobierno de agotar todos los recursos que le brindan los tratados internacionales y el Derecho Internacional en general, para obtener la interpretación, la revisión de algunos temas contenidos en el fallo, y así mismo, la necesidad de mantener unos canales abiertos con Nicaragua para la eventual normalización de las relaciones bilaterales", dijo Samper.
Nicaragua presentó en 2001 una demanda ante la CIJ al desconocer un tratado mediante el cual entregó a Colombia en 1928 la soberanía del archipiélago.
En 2007, la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre las islas, pero se declaró competente para definir los límites marítimos entre los dos países, tras lo cual el pasado 19 de noviembre dijo que siete cayos del archipiélago seguirán bajo jurisdicción de Colombia, aunque desplazó hacia el oriente el punto que Bogotá consideraba como límite y entregó a Nicaragua unas 200 millas náuticas.
El gobierno de Santos ha señalado que su país no aplicará el fallo hasta recibir las sugerencias de los abogados internacionales para que se garantice la subsistencia de los pescadores. /DPA