Ginecólogos uruguayos evalúan denunciar al Estado ante el Comité Internacional de Derechos Humanos por lo que consideran una violación del derecho de objeción de conciencia, esgrimido por varios profesionales de la salud, para negarse a sugerir abortos, práctica recientemente despenalizada.
El conflicto se agravó en las últimas semanas ante la negativa de muchos ginecólogos y la reacción del Ministerio de Salud Pública que advirtió que exigiría una objeción de conciencia "por escrito" para evitar el mal uso de ese derecho, establecido en la ley.
"Ante las constantes amenazas veladas que sufren estos médicos día a día por parte del Ministerio de Salud Pública, se están tomando nota de las declaraciones de (Leonel) Briozzo y de todas las amenazas que viene realizando desde hace días", dijo el abogado Agustín Amonte, que representa a varios ginecólogos.
Briozzo es el viceministro de Salud y encargado de hacer circular una carta entre los médicos para sugerirles que expongan una "justificación real" para abstenerse de indicar abortos, de manera de evitar desviaciones u ocultar diferencias con algunos artículos de la reciente ley de despenalización.
Precisamente, Amonte presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la ley por entender que los profesionales están siendo vulnerados en su "derecho a la objeción de conciencia".
Varios ginecólogos dicen sentirse presionados, por lo cual, ante la situación, el gobierno analiza la posibilidad de aprobar un decreto complementario de la ley que deje bien en claro cómo, cuándo y de qué forma debe esgrimirse la objeción de conciencia.
La senadora y presidenta del gobernante Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, que también es doctora en medicina, explicó hoy que "lo que ha pasado en muchos países, es que muchos profesionales aducen la objeción, cuando lo que tratan de evitar es un acto médico más".
"No sé si esta propuesta soluciona, pero hay que hacerlo, porque no puede ocurrir que algunas personas se escuden en la objeción de conciencia, que tengo absoluta convicción de que se debe respetar, pero no para encubrir divergencias con la ley o con su reglamentación. Esto implica firmeza. No hay que hacer concesiones a situaciones que son una ficción", agregó.
La ley que despenaliza el aborto bajo determinadas circunstancias está vigente en el país desde fines de octubre, pero se han dado casos, como en el litoraleño departamento de Salto, donde todos los ginecólogos se niegan a cumplir ese acto médico.
En esos casos la ley establece que la mujer debe ser trasladada a otro departamento.
DPA
(KC)