Perú debe modificar su legislación sobre el aborto e incluir excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo para que se permita en caso de violación o incesto, según recomienda un informe publicado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
"El Comité recomienda al estado Parte que revise su legislación sobre el aborto para que incluya excepciones adicionales en caso de embarazo resultante de una violación y un incesto", reza el informe.
"Debería permitirse abortar en esos casos porque esos abortos se practican de todas formas, pero de forma clandestina, ilegal e insegura", señaló en rueda de prensa el redactor del informe, Gerald Neuman.
El informe también sugiere que Paraguay "adopte un protocolo nacional que regule la práctica de aborto terapéutico. E incrementar sus esfuerzos para reducir los embarazos en adolescentes y la mortalidad materna, en particular en áreas rurales".
"En la ley ya hay una mención a que el aborto terapéutico está permitido, pero no está desarrollado con lo que los médicos dudan y al final no lo practican, con lo que en la práctica esto genera indefensión en las mujeres", aclaró Newman.
Los expertos también solicitan al gobierno peruano que se asegure que haya suficientes servicios de salud en el país donde se suministren anticonceptivos orales.
"Perú debe aumentar y asegurarse de la efectiva implementación de la educación y programas de concienciación tanto a nivel formal (escuelas e institutos) como informal (medios de comunicación) sobre la importancia del uso de los anticonceptivos y los derechos sexuales y reproductivos".
En el mismo sentido, los miembros del Comité piden a Perú que combata todas las formas de violencia contra las mujeres y que legisle para que se criminalice la violencia doméstica.
El Comité de Derechos Humanos está compuesto por expertos independientes que examinan el cumplimiento de los países signatarios de las Convenciones Internacionales relacionadas con los derechos humanos, incluyendo derechos civiles y políticos, sociales y económicos.
El informe pide que se refuercen los esfuerzos para impedir y erradicar la discriminación contra los indígenas y los afrodescendientes.
Asimismo, el Comité pide al Estado que "explicite oficialmente" que no se tolera ninguna forma de discriminación y estigmatización social de los homosexuales, bisexuales y transexuales.
Por otra parte, los expertos piden a las autoridades peruanas que "redoblen sus esfuerzos para asegurarse que las serias violaciones perpetradas durante el conflicto armado que tuvo lugar de 1980 al 2000, incluyendo la violencia sexual, no queden impunes".
"El estado parte debería tomar las medidas apropiadas para acelerar las investigaciones judiciales y los procesos de exhumaciones, identificación y retorno de los restos".
En este sentido, el Comité especifica que el gobierno debe "asegurarse" de que el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas cooperan completamente con las investigaciones y que ofrezcan toda la información disponible sin más dilación.
Asimismo, todas las víctimas del conflicto deberían recibir una indemnización, especifica el texto.
Por otra parte, el informe pide a Perú que "intensifique sus esfuerzos" para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos, y que implemente cursos de formación sobre derechos humanos para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
En este sentido, pide que todas las alegaciones de casos de tortura o malos tratos sean investigados, que los responsables sean llevados ante la justicia, y que las víctimas reciban una reparación adecuada, lo que incluye servicios de rehabilitación, especifica el texto.
Finalmente, en lado positivo, el Comité alaba la ratificación por Perú de la Convención sobre la Protección a la Desaparición Forzada; de la Convención sobre las Personas con Discapacidad; y de la Convención sobre la Protección de los derechos de los Inmigrantes, entre otras. EFE