El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos consideró este martes una grave vulneración de la independencia e imparcialidad de la justicia el traslado de la jurisdicción penal a la civil de la jueza uruguaya Mariana Mota.
De esa entidad forman parte la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene sede en París.
El observatorio recuerda en un comunicado que la jueza Mota investigaba crímenes cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), y añade que su traslado "parece constituir una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales".
Mota tramitaba medio centenar de expedientes relacionados con delitos de la dictadura y es responsable, entre otras, de una de las sentencias contra el presidente devenido en dictador Juan María Bordaberry, fallecido en 2012, al que condenó en febrero de 2010 a 30 años de cárcel por atentado a la Constitución en el golpe de Estado de hace casi cuarenta años.
La jueza participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una manifestación que tiene lugar cada mes de mayo en Montevideo para reivindicar la memoria de los desaparecidos durante la dictadura, y por ese episodio fue objeto de una investigación administrativa.
Su traslado, que se completó el pasado 13 de febrero, fue justificado por la Suprema Corte de Justicia en "razones de buen servicio".
En declaraciones al semanario Brecha, Mota advirtió el viernes pasado que recurrirá la medida porque en su opinión viola la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 2011 contra el Estado por el "caso Gelman", de secuestro y robo de identidad de una niña, que se resolvió y tuvo repercusión internacional.
Según el Observatorio, Uruguay fue condenado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tiene la obligación de facilitar un proceso de Justicia ágil y eficiente para esclarecer y sancionar los hechos ocurridos durante la dictadura.
A juicio de esa entidad, retirar a una jueza que conoce muy bien los asuntos relacionados con los crímenes en la dictadura "no parece satisfacer esa obligación".
Por ello, solicitó a las autoridades de Uruguay que se garantice la independencia de los jueces, fiscales y magistrados, la seguridad y la integridad física y psicológica de la jueza y de todos los empleados judiciales del país.
Asimismo, urgió a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los defensores de derechos humanos en Uruguay, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1998. /EFE
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