El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo que ha decidido endurecer sus políticas contra el terrorismo en todas sus manifestaciones, por lo que creará una comisión interinstitucional especial.
Según el comuinicado de hoy, dicha comisión se encargará de “elaborar instrumentos jurídicos que permitan la aplicación de acciones encaminadas a prevenir, identificar y contrarrestar las actividades relacionadas al terrorismo”.
La comisión interinstitucional quedará integrada por el Procurador General, el secretario privado para políticas nacionales de la presidencia del país, el Ministerio de Gobernación y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El gobierno de Ortega sostiene que Nicaragua destaca como uno de los países más seguros de la región centroamericana y que, por tanto, es imperativo y una prioridad fundamental para el Estado velar por la seguridad de los nicaragüenses y de todas las personas que permanecen en el territorio nacional.
Indica la nota que a la mayor brevedad la comisión debe recomendar acciones que fortalezcan la voluntad gubernamental de “combatir cualquier tipo de delito como los provenientes de las acciones terroristas en cualquiera de sus formas en el ámbito nacional, regional e internacional”.
Activistas de derechos humanos y dirigentes de organismos civiles consultados por dpa aseguraron que la comisión interinstitucional debería abrir un amplio debate sobre las acciones jurídicas que deberían aplicarse para mantener la estabilidad nacional sin afectar las libertades públicas o derechos humanos.
Recientemente Julio Mendoza, un dirigente de pequeños mineros de la provincia de Chontales, en la región central del país, denunció que fuerzas especiales de la Policía Nacional atacaron con gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de mineros que realizaban una protesta en el poblado de Santo Domingo, en la provincia de Chontales.
“Fuimos atropellados en nuestros derechos humanos a manifestarnos públicamente y demandar el cumplimiento de nuestros derechos laborales, fuimos tratados como terroristas, la ciudad se encuentra militarizada desde hace una semana y muchos mineros decidieron enmontañarse”, denunció.
Mendoza, consultado por dpa, dijo que el gobierno no debe confundir el derecho a la protesta y a la manifestación pública, con acciones de terrorismo para justificar actos de represión contra los trabajadores que protestan o contra la oposición. /DPA
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