El Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf) demandó al Gobierno de Perú un plan nacional de búsqueda de más de 15.000 desaparecidos por el terrorismo que azotó el país entre 1980 y 2000.
El director del Epaf, José Pablo Baraybar, declaró que "el gran misterio es saber qué ha hecho el Gobierno peruano" para encontrar a los desaparecidos, después que en 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregara un informe final sobre el tema.
Según el documento de la CVR, la violencia terrorista causó en Perú 69.000 víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, la mayoría de los cuales eran pobladores de los Andes, campesinos y de condición muy humilde.
Baraybar dijo que "nadie sabe nada" en el Estado peruano sobre el trabajo encomendado por la CVR para ubicar a los desaparecidos y entregar sus restos a sus deudos.
Lo que ha realizado el Ministerio Público (Fiscalía) hasta la fecha han sido las exhumaciones de 2.200 cuerpos para ratificar, en la mitad de los casos, las identidades de los fallecidos, indicó el antropólogo forense.
El Epaf emitió un comunicado en el que señala que "el Estado ha hecho pocos esfuerzos para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones (a los derechos humanos) no se repitan".
"Creemos que esta situación constituye terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, ya que se tiene la percepción de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados", apuntó.
Esta agrupación civil se quejó de que los peruanos se han "acostumbrado a la violencia y la impunidad", y recordó varios casos sobre el asesinato de civiles y policías, incluso en dependencias militares y policiales.
El Epaf planteó comenzar "una verdadera reforma del sistema de justicia, los sistemas correccionales, las fuerzas armadas y la policía nacional" e implementar eficazmente "mecanismos de investigación y sanción para casos de violaciones a los derechos humanos".
Con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Epaf ha identificado a 69 desaparecidos de seis casos diferentes entre 2011 y 2012, además de haber participado en otras investigaciones sobre crímenes recientes.
Por tal motivo, consideró que "es inadmisible que un país con un crecimiento anual de casi 7 % no pueda dar respuesta a miles de familiares que ante todo quieren conocer el destino de sus seres queridos y darles una sepultura digna". /EFE