Tres meses y medio después de la instalación de la mesa de diálogo en Oslo, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC atraviesa tal vez por el momento de mayor tensión, que no implica una ruptura inminente pero que es visto como una verdadera prueba de fuego.
Las partes, que en noviembre trasladaron las conversaciones a La Habana, han estado discutiendo desde entonces sobre el desarrollo agrario, el primer ítem de una agenda de seis puntos, en medio de un gran hermetismo que ha impedido conocer detalles de la negociación.
La falta de noticias sobre avances llevó a un hermano del presidente Juan Manuel Santos, el prestigioso periodista Enrique Santos, a afirmar que el proceso necesita más rapidez para que no se "asfixie".
Pero aunque el presidente comentó que una cosa es la opinión de su hermano y otra la del gobierno, el proceso de paz comenzó a transitar por un terreno fangoso desde la semana pasada, a raíz del secuestro de dos policías en el departamento de Valle del Cauca (suroeste).
El gobierno afirmó desde un comienzo que el secuestro, que ocurrió el 25 de enero en las afueras de la ciudad de Palmira, fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como forma de presión para que Santos acepte una tregua bilateral.
Las FARC cumplieron entre el 20 de noviembre y el 20 de enero una tregua unilateral. El gobierno descartó sumarse a la iniciativa con el argumento de que un cese bilateral del fuego solamente se dará cuando el proceso llegue a la fase de firma de los acuerdos.
Mientras tanto, según ha repetido una y mil veces Santos, la orden del gobierno a las Fuerzas Militares es intensificar la ofensiva contra la guerrilla.
Esa ofensiva se cobró el pasado jueves la vida de cinco guerrilleros, entre ellos alias "Jacobo Durango", principal jefe del quinto frente de las FARC y visto como "muy cercano" a Luciano Marín, alias "Iván Márquez", quien dirige en Cuba el equipo negociador de su grupo.
La organización guerrillera, a través de un comunicado publicado en Internet, se atribuyó hoy el secuestro de los policías y de un soldado, y dijo estar dispuesta a entregarlos a una comisión humanitaria.
El militar está secuestrado desde el 29 de enero y hasta hoy se supo que estaba en manos de la guerrilla, mientras en el caso de los policías la contundencia de las pruebas contra las FARC hacía difícil dudar de que ese grupo no estuviese detrás de su desaparición.
A sugerencia de las FARC, en la eventual liberación de los tres uniformados deben estar delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de Colombianos por la Paz, un colectivo que clama por una solución del conflicto por la vía política. Ambos organismos han recibido en los últimos meses a varios rehenes del grupo armado.
No se descarta que el proceso de paz sufra en el futuro nuevas complicaciones ante la posibilidad de más secuestros de miembros de la fuerza pública, pues las FARC dijeron en un comunicado publicado el martes pasado que se reservan el "derecho" de "capturar" a militares y policías que para ellos son "prisioneros de guerra".
Además del caso de los secuestros, la tensión también se ha reflejado en declaraciones de los principales protagonistas del diálogo, tanto en La Habana como en Bogotá.
Las FARC difundieron hoy en la capital cubana un mensaje en el que pidieron a los colombianos "movilizarse para defender la mesa de diálogos" ante las constantes críticas del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), a quien describieron como "un mafioso y paramilitar ‘pura sangre'".
Aunque Uribe ha usado el tema de las negociaciones como plataforma política para criticar a Santos, el gobierno respondió a las FARC que se debe "respetar la dignidad" del ex presidente.
"El gobierno considera que en la Mesa de Diálogos se trabaja para conseguir la terminación del conflicto. Declaraciones como la citada, en nada contribuyen a este fin", dijo el Ejecutivo en una nota de prensa. /DPA
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