La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó hoy una ley que renueva concesiones en el sector energético y permite que la tarifa de electricidad sea reducida, en promedio, un 20,2 por ciento a partir de febrero.
La ley 12.783, que fue publicada hoy en el Diario Oficial, permite prorrogar por hasta 30 años las concesiones de generación, trasmisión y distribución de energía, tanto en usinas hidroeléctricas como térmicas, que vencen entre 2015 y 2017.
Para poder hacer efectiva la prórroga, los concesionarios deben aceptar recibir, a partir de 2013, una remuneración hasta 70 por ciento menor por el servicio prestado que la que perciben actualmente.
El descuento en la tarifa de luz para el usuario se financiará, en parte, mediante esta medida, y en parte mediante la eliminación y/o reducción de tres recargos que hoy se aplican a la tarifa.
Los alcances de la nueva ley fueron aceptados por todas las concesionarias afectadas por la misma, salvo por tres: la de Sao Paulo (Cesp), la de Minas Gerais (Cemig) y la de Paraná (Copel).
Dichas empresas son controladas por los respectivos gobiernos provinciales, los cuales están encabezados por gobernadores del principal partido opositor al gobierno de Rousseff, el de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El gobierno acusó a las empresas de tener motivaciones políticas para rechazar la propuesta, pero éstas alegaron que la decisión se debe a que los pagos e indemnizaciones que ofrece Brasilia a partir de la nueva ley son muy bajas.
La negativa de las tres empresas llevó al gobierno a manejar la posibilidad de reducir al 16 por ciento el descuento previsto para el consumidor, pero según representantes del gobierno citados hoy por el portal G1, más tarde se resolvió adoptar medidas adicionales para compensar la diferencia y mantener el descuento promedio inicial del 20,2 por ciento.
Las concesiones que no sean prorrogadas al amparo de la nueva ley serán licitadas nuevamente bajo las mismas condiciones previstas por la nueva normativa.
Las actuales concesionarias podrán continuar administrando las empresas después de vencido el plazo de concesión, hasta que asuma la empresa que gane la licitación, o podrán retirarse. En ese caso, el gobierno contratará un agente para que las administre durante el periodo de transición./DPA
(NU)