Lillian Martí, una asistente de oficina, aspira a jubilarse algún día con una pensión decente, pero ahora, al igual que muchos otros empleados públicos de Puerto Rico, teme que ello no ocurrirá.
"Por supuesto que me tiene preocupada", dijo Martí, de 61 años, quien ha trabajado para el gobierno los últimos 20 años.
Y ella tiene razón para estar inquieta.
Según economistas y analistas financieros, Puerto Rico vive con una bomba de tiempo fiscal: un sistema público de pensiones con deudas de 37.300 millones de dólares que deben ser resueltas a la brevedad, en momentos en que el territorio estadounidense tiene poco dinero, o miles de jubilados sufrirán recortes en sus ingresos.
El déficit, que abarca todos los sistemas de pensiones en esta isla de casi 4 millones de habitantes, es el segundo más alto de toda jurisdicción estadounidense, superado sólo por Illinois.
Las deudas son casi cuatro veces el tamaño del presupuesto anual de la isla.
El problema tiene su raíz en las décadas de olvido por parte de políticos que no establecieron fondos para policías, bomberos, maestros y oficinistas. Actualmente muchos analistas e incluso algunos funcionarios del gobierno admiten que es el tema más acuciante de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
"Este es el tema financiero más urgente ahora", comentó Gustavo Velez, un prominente economista puertorriqueño. "Tienen que hallarle una solución, tienen que crear un plan en los próximos tres meses".
Velez y otros sugieren que Puerto Rico recorte las prestaciones de inmediato, eleve la edad de jubilación y obligue a los empleadores a aumentar sus contribuciones, pero ello no le agrada a gente como Martí.
"Imagínese, me quedaría con todo ese dinero que fueron contribuciones mías", dijo ella.
García, quien fue elegido gracias al apoyo de los sindicatos de trabajadores públicos, ha creado una comisión para analizar la situación y formular propuestas, pero no ha declarado sobre los resultados. Simplemente retirar el dinero del fondo general de la isla ha sido descartado: Puerto Rico este año tendrá un déficit de 1.200 millones de dólares.
"Es una situación sumamente compleja", dijo García en una conferencia de prensa reciente. "Respetaremos las pensiones de quienes contribuyeron a construir este país".
La isla ha estado sufriendo de una grave debilidad económica. Sólo hace poco se recuperó de una recesión que duró seis años y la tasa de desempleo alcanza el 14%, más alto de cualquier estado. La manufactura, el mayor sector de la economía lleva años en declive. El ex gobernador Luis Fortuño despidió a más de 20.000 empleados públicos. Su predecesor, Aníbal Acevedo Vilá, fue obligado a paralizar las operaciones del gobierno por dos semanas en mayo del 2006 en medio de una disputa con la Legislatura sobre el presupuesto.
Entretanto, el déficit en el fondo de pensiones seguía empeorando.
"No es que estemos en una mala situación, estamos en la quiebra", dijo Miguel Morales, consultor de un comité permanente creado para regular el sistema de pensiones. "El temor es que llegará el día en que el gobierno no podrá responder y todos quedaremos en la calle".
Hay diversos sistemas de pensiones, con diversos estados de solidez.
Un plan, que desde del 2000 ya no acepta inscripciones, abarca a más de 273.000 empleados tanto activos como jubilados. Está dividido en dos: uno para maestros y otro para el resto de los empleados públicos, que está en una situación peor.
Los trabajadores que se jubilaron con el plan anterior pudieron hacerlo a partir de los 55 años de edad si habían prestado 25 años de servicio, o a los 58 si habían prestado 10 años.
Pero en 1990, la Legislatura modificó el plan, reduciendo los beneficios y subiendo la edad de jubilación a 65 años para los recién contratados.
En enero del 2000, los legisladores crearon un plan de jubilación para maestros, jueces y otros empleados públicos que se parece más a un plan tipo 401(k), en que los empleados efectúan sus propias contribuciones.
El nuevo plan es considerado más estable, pero el antiguo habrá usado sus recursos "en unos años", opinó Karen Krop, directora de finanzas públicas de Fitch Ratings.
Si el sistema colapsa, el fondo general de la isla debe honrar sus compromisos, "pero el fondo general no tiene el dinero", dijo Velez.
Hace casi tres años, el entonces gobernador Fortuño creó una comisión para resolver los problemas de los fondos de pensiones, señalando que el sistema en su totalidad estaba sacando 679 millones de dólares al año más de lo que recibía en contribuciones.
"Si no se toman medidas correctivas, los sistemas quedarán sin fondos en 10 años o menos", dijo Fortuño en una orden ejecutiva emitida en marzo del 2010.
Como parte de las averiguaciones, la comisión recibió un reporte de Federación Nacional de Empleados Estatales, Locales y Municipales en agosto del 2010, que señalaba la raíz del problema.
"Desde que fue creado en 1951 el sistema no ha recibido un nivel apropiado de contribuciones", dice el informe.
"En estos momentos los mercados de capitales no pueden resolver los problemas de los fondos de pensiones".
Tras recibir las recomendaciones, la Legislatura, bajo el gobierno de Fortuño, aprobó varias leyes; entre ellas una que le ordenaba a los empleadores aumentar sus contribuciones. También se aprobó la transferencia de 162 millones de dólares al sistema de jubilaciones a fin de poder comprar un bono de capitales que, se calcula, generará 1.500 millones de dólares en 40 años.
Los problemas del sistema de pensiones en Puerto Rico no sólo afectan a los empleados sino también a la calificación de los bonos de la isla, que es mucho peor que la de cualquier estado de la unión.
El mes pasado, Moody’s bajó la calificación de crédito de Puerto Rico afirmando, en parte que no hay plan claro sobre cómo y cuándo la isla resolverá sus problemas de pensiones.
Moody’s advirtió que volvería a bajarle la categoría a Puerto Rico si la isla no resuelve sus problemas.
Lo que empeora la situación de Puerto Rico es la deuda, de 69.000 millones de dólares.
"Los niveles de deuda de Puerto Rico son mucho mayores de lo que vemos en los estados", expresó Krop, de Fitch Ratings.
La mayoría de los estados tiene un promedio de 3% de deuda avalada por impuestos, como porcentaje del ingreso personal. Un nivel de 9% es considerado alto. Puerto Rico lleva 80%, dijo Krop. La deuda per cápita, excluyendo el sistema de pensiones, asciende a más de 12.000 dólares por persona, agregó.
Ante tales cifras, Martí dijo que no cree que tendrá suficiente dinero como para retirarse. Ella regresó a su trabajo en parte para poder recibir cheques de la Seguridad Social pero aun así, ella dice que la situación fiscal federal no le da mucha esperanza.
"Las cosas no están fáciles, uno tampoco sabe lo que va a pasar con el Seguro Social"./ AP
