El yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarin, dijo hoy al juez que instruye el "caso Nóos" de corrupción, que su esposa, la infanta Cristina, no tiene nada que ver con los negocios de esa fundación que él presidió y a la que se investiga por presunto desvío de fondos públicos.
En su declaración hoy en un juzgado de Palma de Mallorca (Islas Baleares), Urdangarin negó también que tuviera lugar alguna reunión en el Palacio de la Zarzuela (la residencia de los Reyes de España) para preparar la cumbre Valencia Summit, uno de los eventos organizados por Nóos y con los que supuestamente este instituto se apropió de millones de euros públicos.
El yerno del Rey Juan Carlos rechazó asimismo que posea cuentas bancarias en Suiza y utilice testaferros.
Según informaron a Efe fuente jurídicas, Urdangarin aseguró además, que en marzo de 2006, por consejo de la Casa Real, se desmarcó del Instituto Nóos.
Antes de responder hoy a las preguntas del juez, Urdangarin leyó una declaración en la que aseguró que la Casa del Rey "no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades" que desarrollaba el Instituto Nóos, la entidad supuestamente sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma.
Urdangarin señaló también que considera nulos los correos electrónicos aportados a la causa por su exsocio Diego Torres, también imputado.
Mediante dichos correos, que Torres ha entregado en distintas remesas al juez, pretende demostrar que Urdangarin y el secretario personal de las hijas del Rey, las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, tomaban decisiones empresariales en los negocios del entramado empresarial del Instituto Nóos.
García Revenga también está citado a declarar como imputado hoy ante el mismo juez de instrucción, José Castro.
En su defensa, Torres proclama que la junta directiva de Nóos la componían cinco personas: Urdangarin ocupaba la presidencia, Torres era vicepresidente; Miguel Tejeiro, secretario general; García Revenga, tesorero; y la propia infanta Cristina, vocal.
Todos, excepto la infanta, están imputados en esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.
A lo largo de la investigación, el juez Castro ha constatado "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. EFE