EFE
Panamá está "obligada" a repatriar a los tripulantes norcoreanos liberados de un proceso judicial iniciado a raíz del hallazgo en julio de 2013 de armas cubanas no declaradas en un buque con bandera de Corea del Norte, dijo hoy a Efe el abogado defensor de los marinos, el panameño Julio Berríos.
"Nosotros (Panamá) estamos obligados a regresarlos a Corea (del Norte)", afirmó el abogado, con el argumento de que los marinos "no están en Panamá porque quisieron quedarse" sino porque las autoridades del país "interceptaron un barco a petición de los ‘gringos’ (estadounidenses) alegando que traía drogas".
La procuradora general (fiscal general) panameña, Ana Belfon, anunció este jueves que esta semana 32 de los 35 tripulantes del barco norcoreano fueron liberados de cargos y que permanecen retenidos en la misma antigua base militar de Sherman, en el Caribe de Panamá, donde fueron recluidos tras la detención del barco.
El Ministerio Público concluyó que los 32 tripulantes desconocían la existencia de la carga ilícita de armas, no así el capitán del barco, su primer oficial y el oficial político, quienes serán procesados por el delito de atentar contra la seguridad colectiva, que conlleva una pena de hasta 12 años de prisión en Panamá, dijo Belfon.
Los 32 tripulantes están ahora a órdenes del Servicio Nacional de Migración (SNM) "que debe disponer lo conveniente para que ellos sean repatriados", aunque "Corea del Norte no ha mostrado ningún tipo de interés por sus nacionales", dijo Belfon a los periodistas.
Ante esa actitud de las autoridades norcoreanas denunciada por Belfon, no se descarta que los marinos deban ser deportados "a Cuba o a otro lugar que se disponga", añadió la procuradora sin más detalles.
Un portavoz del despacho de Migración dijo a Efe que los 32 norcoreanos se mantendrán en las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval en Sherman mientras se realizan los trámites para su "repatriación".
"El Ministerio Público ya envió la nota a Migración y ahora se le dará seguimiento a todo lo que concierne a la documentación de cada uno de ellos, por lo que mientras tanto seguirán detenidos", sostuvo la fuente, sin precisar cuánto tiempo puede durar el proceso.
Berríos resaltó que los pasaportes de los tripulantes "los tiene la Fiscalía" y que en "este momento lo único" que espera es que las autoridades decidan si los marinos "se van con el barco o si los van a deportar" posiblemente "a Cuba".
"Pero nosotros estamos obligados a regresarlos a Corea" del Norte, enfatizó el abogado defensor.
El barco Chong Chon Gang tiene libertad para zarpar desde el puerto en el Caribe en el que permanece desde julio pasado después de que pague una multa de 670.000 dólares impuesta por el Canal de Panamá por no haber declarado la carga de armas.
Las autoridades panameñas han afirmado que Corea del Norte está dispuesta a pagar la multa.
Sobre los tres tripulantes que serán procesados, Berríos señaló que tampoco sabían de las armas porque los contenedores que las escondían "estaban sellados" y "a nadie se le informó lo que había dentro".
A juicio del abogado, el proceso judicial panameño contra los norcoreanos no tiene asidero porque "un país no puede investigar a otro", y el caso debió "manejarse a nivel diplomático" una vez que Cuba aceptó que las armas le pertenecían.
El arsenal cubano fue hallado por las autoridades panameñas, que iniciaron la requisa de la nave en busca de drogas, bajo 10.000 toneladas de azúcar que fueron descargadas del barco.
Las armas, incluidas plataformas de misiles, dos modernos aviones Mig-21 Bis, motores de esa aeronave nuevos y otros pertrechos, también fueron desembarcadas y trasladadas a hangares del actual aeropuerto Panamá-Pacífico, cerca de la capital panameña.
Panamá apeló a la ONU y en agosto pasado un equipo de expertos del Consejo de Seguridad llegó al país centroamericano para inspeccionar las armas.
El equipo de Naciones Unidas señaló en un informe preliminar que el caso del barco norcoreano violaba las resoluciones que impiden al país asiático importar o exportar armamento de cualquier tipo, según informó Panamá el pasado 28 de agosto.