El abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) le pidió hoy a un juez de Lima que tenga "compasión" y ordene que cumpla en arresto domiciliario el resto de la condena a 25 años de cárcel que se dictó en su contra en 2009 por delitos de lesa humanidad.
El abogado William Castillo sustentó hoy en una audiencia pública la solicitud que ha hecho para que su defendido reciba ese beneficio, que ha sido rechazado por la fiscalía y las autoridades del Ejecutivo por no estar permitido por la legislación peruana.
Castillo le pidió al juez del caso, Segundo Morales, que establezca una "jurisprudencia que permitirá que nos haga más humanos", tras lo cual le solicitó "ser compasivo con el prisionero".
La audiencia se celebró hoy en la sala de juicios del cuartel policial de Lima donde está recluido Fujimori, quien apareció demacrado y vestido con un polo negro.
Mientras duró la audiencia, Fujimori colocó un reloj de pulsera frente a él, que miraba constantemente, y un medidor de presión arterial portátil, que se colocó en dos ocasiones mientras su abogado hablaba.
A la presentación no acudieron los abogados de los familiares de las víctimas de las dos matanzas por las que fue condenado Fujimori, quienes rechazan que el juez haya aceptado revisar la petición.
El fiscal supremo Iván Quispe también ratificó su rechazo al pedido y afirmó que "no existen argumentos jurídicos" para cambiar el lugar donde Fujimori cumple su sentencia.
Quispe cuestionó que el abogado de Fujimori haya utilizado durante su alegato "argumentos de diversa índole, desde política criminal a sentimental" y criticó que haya cuestionado "una sentencia que tiene calidad de firme."
"No estamos en un caso de vacío legal, existe una situación claramente definida sujeta ya a legislación", remarcó.
Al término de estas exposiciones, el juez Morales convocó a una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre el caso.
Fujimori (1990-2000) cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.
El exgobernante también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas. /EFE