Manifestantes y agentes antimotines se trenzaron el lunes en una batalla campal en esta localidad del centro colombiano en el octavo día de un paro de pequeños agricultores, mientras el presidente Juan Manuel Santos viajó de una de las localidades epicentro de la protesta en un intento de apaciguar la situación.
"Estamos peleando por una causa justa…nosotros tenemos derecho a mantener nuestro hogar, mantener nuestro hijos", dijo Antonio Rincón, de 51 años, y quien trabaja en la minería de carbón en Ubaté, en el central departamento de Cundinamarca.
"Tenemos derecho a comer, es un paro para que él (el mandatario) venga", agregó Rincón a un costado de la vía a la entrada de Ubaté, localidad ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Bogotá, y donde se escenificaban los enfrentamientos con las autoridades
Unidades antimotines usaron bombas de gas lacrimógeno, carros blindados y agentes en motos para dispersar al grupo de manifestantes entre mineros y pequeños agricultores que respondieron con piedras y quema de llantas a la entrada de Ubaté, cercano a la frontera con el también central departamento de Boyacá. En equipo de fotógrafo y camarógrafo de la AP vieron al menos un agente herido en medio de la refriega en la carretera en una planicie de verdes parajes .
Los mineros artesanales, de carbón, oro, entre otros, están en paro desde el 17 de julio en reclamo de la derogación de un decreto emitido a fines del 2012 y que permite a la policía destruir maquinaria en sitios de exploración y explotación que carezca de título y licencias.
A la protesta minera, cuya intensidad se fue diluyendo con el paso de los días, se unió a partir del 19 de agosto el paro de pequeños cultivadores de papa, arroz, cebolla, que demanda al gobierno subsidios oficiales porque dicen que están trabajando a pérdida debido a los altos costos de los fertilizantes, por ejemplo. Pero también piden que el gobierno reduzca la importación de productos agrícolas y rechazan tratados de libre comercio como el que rige desde el 2012 con Estados Unidos y desde año con la Unión Europea.
Es en esta central región de Cundinamarca y Boyacá donde la protesta ha tenido en los últimos días mayor intensidad, debido a su carácter eminentemente agrícola, con los manifestantes taponando vías con troncos y llantas.
Santos, que hasta hace pocos días intentó minimizar el paro de pequeños agricultores al asegurar que era una protesta menor a lo que describían sus voceros, viajó el lunes al inicio de la tarde en helicóptero desde Bogotá hasta Tunja, capital del departamento de Boyacá, y a unos 130 kilómetros al noreste de la capital colombiana y tenía previsto reunirse con las autoridades de esa departamento, que ha vivido una semana de bloqueos y protestas porque al menos la mitad de sus 1,2 millones de habitantes se dedican a cultivos de papa, cebolla, entre otros.
El presidente ha pasado de ignorar totalmente el tema del paro en sus declaraciones públicas a extender una rama de olivo el domingo y asegurar que la atención a las necesidades de los campesinos siempre han sido uno de los principales objetivos de su gobierno.
El domingo "me comprometí a dialogar y concertar con nuestros campesinos", dijo Santos en su cuenta de Twitter. "Estoy en Tunja para cumplirle al país", agregó en la red social.
Los paperos, al menos 47.000 familias en Boyacá, y los que más fuertemente han protestado no cesan en sus reclamos y realizan bloqueos intermitentes en distintas vías del departamento como la de ingreso a Tunja, en una suerte de pulso con la policía antimotines en la que los dos bandos se desplazan de un punto a otro de las carreteras y cuando se abre el paso por una, los manifestantes lo cierran en otra.
En la jornada Cesar Pachón, vocero de los campesinos en Boyacá, se quejó de abusos cometidos por la policía al despejar las vías y que los agentes han herido de bala a por lo menos siete campesinos por arma de fuego en distintas localidades de Boyacá, donde dijo que 36.000 personas están en paro.
"La policía ha violado mucho los derechos humanos", dijo Pachón, de 30 años, un ingeniero agrónomo que cultiva papa y cebolla, entre otros, cerca de Tunja.
El director de la policía, general Rodolfo Palomino, dijo en una entrevista con la radio Caracol que desde la víspera ordenó la investigación de esos abusos en Boyacá, como policías golpeando y pateando a hombres, según imágenes divulgadas por televisoras locales.
A su turno el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo vía telefónica que en medio de la protesta en Boyacá se ha reportado desde la semana pasada y hasta ahora la muerte de cuatro personas: el 22 de agosto un conductor de motos que se golpeó con un cable metálico extendido en medio de una vía, dos pacientes que iban en ambulancias y no pudieron llegar a los hospitales del departamento y el sábado un policía herido de bala.
El gobierno, a través del ministro de Agricultura Francisco Estupiñán, ha dicho que mantiene su ofrecimiento de entregar a los paperos, por ejemplo, subsidios de unos 40.000 millones de pesos (unos 21 millones de dólares), pero que otras exigencias son casi imposibles de cumplir, como renegociar los tratados comerciales o cerrar las importaciones porque el país se expondría a retaliaciones por parte de los otros países.
Según el ministro Colombia produce unas tres millones de toneladas anuales de papa, por ejemplo, y menos de 1% es importado.
Los taponamientos desembocaron en que desde el viernes la gobernación de Boyacá suspendiera las clases en colegios públicos y privados dejando en sus casas a por lo menos 250.000 estudiantes, según Fabio Bustos, secretario de gobierno de Boyacá.
Aunque en otras partes del país, desde los departamentos de Nariño y Cauca, al suroeste del país, hasta Putumayo y Caquetá, al sur, también se han producido taponamientos viales, en que los manifestantes colocan enormes troncos de árboles y piedras en las vías, la situación en Boyacá y poblados de Cundinamarca son los de mayor intensidad precisamente por su carácter eminentemente agrícola y porque los voceros de los productores mantienen que ya el gobierno les incumplió acuerdos, como la entrega de esos subsidios de unos 21 millones de dólares, pactado tras un paro a inicios de año. /AP