EFE
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó hoy un acuerdo en el que se establece tramitar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad que, según la Cámara, ha cometido el presidente Nicolás Maduro.
Con el voto de la mayoría opositora y la ausencia de la bancada del chavismo, el Legislativo aprobó el acuerdo de "condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población" en el que califican como una "autocracia" al Gobierno de Maduro.
En la declaración se acuerda "instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando".
Entre los supuestos delitos, los diputados mencionan ataques contra centros de salud, "lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra", y "la persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos".
Asimismo, aseguran que durante las últimas dos semanas "el Gobierno ha cometido graves violaciones de derechos humanos para sostenerse en el poder, tales como torturas físicas, síquicas y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones forzosas".
El Parlamento insiste en que existe una ruptura del orden constitucional en el país caribeño desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias que despojaban a la Cámara de sus facultades y limitaban la inmunidad de los diputados, pese a que estas decisiones fueron luego aclaradas y parcialmente suprimidas.
En este sentido, señalan a una "cúpula" conformada por los poderes Ejecutivo y Judicial, así como por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas por el "golpe de Estado" que, afirman, "continúa y se ha agravado".
Por lo anterior, la AN resolvió denunciar esta situación ante la comunidad internacional, rechazar toda violación al derecho a la vida y a la libertad personal, al tiempo que hacer un exhorto a las autoridades y funcionarios públicos a respetar la Constitución y a garantizar su cumplimiento.
Además, instan a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía a velar por los derechos fundamentales y a concretar investigaciones "para hacer efectiva la responsabilidad" de quienes cometan delitos.
La declaración asegura que el "Gobierno ha acudido a la represión desmedida y uso desproporcionado de la fuerza mediante el empleo de armas de fuego y sustancias tóxicas para contener las manifestaciones pacíficas" recientes, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos seis muertos.
Según la Cámara, esta actuación del Gobierno ha "dado lugar a asesinatos y atentados contra la integridad corporal" y ha dejado al menos 538 arrestos y denuncias de torturas.