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El oficialismo logró aprobar el jueves la nueva ley de abastecimiento que faculta al Estado argentino a intervenir en la formación de precios, lo que ha generado un fuerte rechazo de la oposición, el sector agropecuario y las grandes empresas.
En una larga sesión, el peronismo oficialista y sus aliados impusieron su peso en la Cámara de Diputados para aprobar en la madrugada la modificación de la ley de abastecimiento de 1974 por 130 votos a favor, 105 en contra y cinco abstenciones. El proyecto, que contempla además multas a las empresas que fijen precios de forma "artificial" y abusen así de los consumidores, ya había sido aprobado por el Senado días atrás.
Los diputados oficialistas también consiguieron aprobar en la misma sesión la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero judicial especial para resolver los reclamos de los consumidores.
"Estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores", dijo la diputada oficialista Diana Conti.
Su colega de la opositora Unión Cívica Radical, Mario Negri, afirmó que la reforma de la ley de abastecimiento es "absolutamente inconstitucional y busca discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina".
Ignacio de Mendiguren, del opositor Frente Renovador y dirigente de la Unión Industrial Argentina, señaló a su vez que el Estado "tiene que estar presente, pero esa presencia tiene que ser justa y transparente". Dirigentes de ese partido se comprometieron a derogar la normativa si la fuerza gana las elecciones presidenciales de 2015.
El jefe de Gabinete Jorge Capitanich cuestionó a los empresarios y dirigentes agropecuarios que anunciaron que denunciarán ante la justicia a la norma por inconstitucional al advertir que lo que buscan es que "no se defienda a las pymes (pequeñas y medianas empresas)" de grandes compañías que ejercen "abuso de posición dominante".
Gran parte de los sectores empresario y rural creen que la norma avasallará la libertad de empresa y la propiedad privada.
La inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según datos oficiales el alza de precios acumulada en los ocho primeros meses del año fue de 18,2%, aunque consultoras privadas consideran que ascendió a 40,38%.
El gobierno afirma que la inflación obedece en gran parte a las distorsiones generadas por los propios empresarios en la cadena de formación de precios.
2014-09-18