EFE.- La comisión mixta de parlamentarios bolivianos que investiga las muertes de civiles por disparos en los conflictos de 2019 advirtió este lunes de que las autoridades convocadas a declarar que no se presenten serán procesadas penalmente.
Esta jornada estaba previsto escuchar las declaraciones de siete autoridades, entre ellas los ministros interinos de Gobierno (Interior), Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de Justicia, Álvaro Coimbra; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; los comandantes de la Policía, Rodolfo Montero, y de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana; y la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.
Según informó a Efe el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, miembro de la comisión, Murillo a través de una nota justificó su ausencia argumentando que por un viaje no podía estar presente y se aplazó su declaración para el próximo lunes 21 de septiembre.
El comandante Montero tampoco declaró, pero no presentó ningún justificativo, por lo que la comisión "de forma unánime" decidió iniciar un proceso penal en su contra, apuntó el diputado.
"Ya se ha definido en la comisión que se inicie un proceso penal (…) por incumplimiento de deberes, por no presentarse ni justificar su ausencia", indicó Barral.
Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda, señaló a los medios que las autoridades que no se presenten "se atengan a las consecuencias" y que no piensen que no asistiendo "van a cubrirse de inmunidad".
Esta semana la comisión tiene previsto visitar el barrio de Senkata en la ciudad boliviana de El Alto para entrevistar a familiares de víctimas de los conflictos de noviembre pasado, cuando fallecieron alrededor de once personas y otras resultaron heridas en intervenciones de policías y militares durante las protestas.
También visitarán a familiares y víctimas en la ciudad boliviana de Sacaba, donde fallecieron otros once civiles según fuentes como la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Barral detalló que la próxima semana debe presentarse la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, y están evaluando si tomarán declaraciones a exautoridades del anterior Gobierno de Evo Morales que se encuentran en la residencia de la Embajada de México en La Paz.
Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 36 personas en sucesos violentos durante la crisis política y social en Bolivia, según la Defensoría.
Las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, luego anuladas, desembocaron en una grave crisis política y social con episodios violentos aún bajo investigación judicial, en los que el Gobierno interino de Áñez, quien asumió el 12 de noviembre, siempre ha negado que fueran militares y policías los que dispararon contra civiles.
2020-09-14
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