2001.com.ve | EFE
Autoridades ecuatorianas viajarán este jueves a la capital costarricense, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para defender la consulta popular del pasado domingo y evitar una eventual sanción al Estado ante una gran polémica por una de las preguntas del referendo.
Así lo informó esta noche la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, en una rueda de prensa en la que rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide evitar la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En la pregunta 3 -de siete- de la consulta, el Gobierno de Lenín Moreno propuso una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana que implica la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.
Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó a la corte del sistema de integración, la CorteIDH, que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del CPCCS.
Espinosa integrará la delegación del Estado ecuatoriano que acudirá a la CorteIDH para intentar evitar que el tribunal acoja la petición de la CIDH.
La canciller estará acompañada por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el procurador (abogado del Estado) en funciones, Rafael Parreño; la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez; y el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), José Serrano.
En San José "seremos recibidos por el presidente de la Corte" (el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor), al que se entregará un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado, señaló Espinosa y aclaró que no se trata de la audiencia del tribunal para tratar el caso.
Todo esto forma parte de una "estrategia de respuesta contundente frente a la actuación de la CIDH" que busca "defender la consulta popular, proteger nuestra Constitución, nuestra soberanía, el estado de derecho y la democracia en Ecuador", subrayó Espinosa.
"Este es un tema de Estado", añadió y recordó que varias autoridades han suscrito un comunicado con el que el país intenta cerrar filas ante el pronunciamiento de la CIDH.
"Las funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada de acuerdo al marco legal vigente", añadió.
Espinosa recordó, además, que esta noche llega al país José Valencia, embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), llamado a consultas por este asunto y con quien también se elaborará la "hoja de ruta" que el Gobierno seguirá de cara al Sistema Interamericano.
La canciller también se lamentó de la "serie de irregularidades" cometidas, según dijo, en la actuación de la CIDH, para pedir a la corte las medidas provisionales en favor de los miembros de la CPCCS.
En sus argumentos, la CIDH no utiliza, dijo Espinosa, "ninguno de los argumentos" presentados previamente por el Estado, donde se justifica la consulta popular y el referendo, y solo recoge la posición de los demandantes.
Ese, señaló la canciller, es un "comportamiento difícil de entender" y que no ha sido necesariamente refrendado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien hoy emitió, vía Twitter, una felicitación a Ecuador por el ejercicio democrático expresado en las urnas.
Lo que se busca con la visita a San José es "prevenir y evitar que la Corte se pronuncie sobre algo que no tiene competencia", pues su ámbito son los temas de derechos humanos y no los electorales, argumentó la jefa de la diplomacia ecuatoriana.
Las autoridades ecuatorianas, dijo, confían en que la CorteIDH "actuará en apego a su mandato y a sus normas vigentes".
De su lado, el procurador Parreño señaló que su país ya presentó previamente a la CIDH argumentos que defienden su posición en un documento de 70 páginas.
Además, el procurador comentó que la principal petición de los demandantes consistía en tratar de evitar que se realice la consulta popular del pasado domingo, objetivo no se cumplió, ya que el acto electoral ya se efectuó, y por tanto la demanda carecería de viabilidad.
2018-02-07