Tres años después del accidente que mantuvo a 33 mineros chilenos atrapados 69 días a 700 metros de profundidad, la tasa de percances en la minería de Chile alcanzó los niveles más bajos de las últimas tres décadas.
De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en el 2012 la tasa de accidentes llegó a 2,8 por cada millón de horas-hombre, la cifra más baja desde 1983.
Según los datos, en 2010 la minería cobró 40 víctimas fatales mientras que en 2012 se registraron 25 muertes en faena, lo que representa una caída de 55% en la tasa de accidentes letales.
Las fiscalizaciones a los yacimientos mineros y capacitaciones a sus funcionarios se triplicaron, dijo la entidad. Si en el 2010 se realizaron 2.586 fiscalizaciones, éstas aumentaron a 7.675 en 2012.
Hasta la fecha, cuatro mil personas se han convertido en monitores de seguridad. La meta del gobierno es que las 4.440 minas del país tengan por lo menos un especialista en la materia.
Junto a las cifras, Sernagoemin celebra el fallo de la Contraloría General de la República que descartó alguna responsabilidad del organismo en el accidente de los 33 mineros del desierto de Atacama. El organismo sobreseyó el caso y concluyó que la institución cumplió con su papel al haber revisado la mina San José 75 veces en diez años y aplicar multas cuando correspondía.
Otro fallo, esta vez de la Fiscalía de Tarapacá, determinó el jueves el cierre de la investigación por el accidente sin encontrar culpables. Dicha determinación provocó ira entre las víctimas, que aseguraron se trata de "una vergüenza de la justicia chilena".
"Es imposible que en un accidente de esta magnitud no haya ningún responsable", dijo el minero Mario Sepúlveda a The Associated Press.
De acuerdo con una versión del diario El Mercurio, el comité de acreedores de la mina San José alista ahora la venta del yacimiento para pagar las deudas y parte de la operación de rescate de los mineros que financió el Estado chileno. Según varios análisis, el yacimiento puede volver a ser explotado siempre y cuando se hagan nuevas galerías.
Hasta el momento, los acreedores han pagado el finiquito de los trabajadores y algunas deudas con contratistas, pero falta el pago fuerte: los cinco millones de dólares que se deben al fisco por la llamada "Operación San Lorenzo".
Tres años después del accidente, ocurrido el 5 de agosto de 2010, los mineros aún esperan el pago de una indemnización que repare en parte los daños causados.
Varios aseguran vivir en la pobreza. Muy pocos volvieron a la minería y la mayoría se dedica a la construcción o a realizar trabajos menores en localidades cercanas a sus hogares.
El minero Omar Reygadas reveló a The Associated Press que el ingeniero Miguel Fortt, a quien se le ocurrió la idea de perforar los 700 metros que separaban a los mineros del exterior, dio trabajo a tres del grupo.
Invirtió millones en la explotación de una mina, pero la Empresa Nacional de Minería consideró que la ley del mineral era muy baja, por lo que debió abortar el proyecto./AP