Una iniciativa del gobernador de Sao Paulo para endurecer las sanciones a menores que incurren en delitos graves generó una polémica en Brasil, donde revivió la discusión de otros proyectos para reducir la edad en que la persona responde penalmente por un delito.
El gobernador paulista Geraldo Alckmin acudió al Congreso en Brasilia para presentar su propuesta de modificar el Estatuto del Niño y Adolescente de 1990 y permitir que menores que incurren en faltas graves pueden ser sentenciados a hasta ocho años de internación en un centro de detención para adolescentes y no a tres años como es el límite actual.
"Con apenas tres años de medidas socioeducativas no se establecen límites (al comportamiento del menor) y la impunidad estimula la actividad delictiva. Nuestra propuesta es de hasta ocho años para crímenes graves, como homicidio calificado, secuestro con extorsión y violación", dijo Alckmin a periodistas al visitar el Congreso.
Su iniciativa fue una respuesta a una ola de criminalidad que vive Sao Paulo desde el año pasado, en la que parte de los delitos son cometidos por menores.
Los habitantes de la ciudad de Sao Paulo se estremecieron con el asesinato de un joven universitario al salir de su casa el 9 de abril a manos de un asaltante que, al ser detenido por la policía, se descubrió que estaba a tres días de cumplir 18 años, con lo cual se le aplicaría la ley para menores.
La propuesta del gobernador, que también contempla un régimen especial más severo para jóvenes que cumplen 18 años bajo detención en un instituto para menores, tuvo una respuesta positiva entre gran parte de los legisladores.
El presidente del Senado Renán Calheiros calificó de "muy buena" la iniciativa y aseguró que "la propuesta se va a tramitar con prioridad, es un compromiso que asumí con el gobernador".
Igualmente, el diputado Fernando Hugo no sólo apoyó la iniciativa sino que fue más allá al insistir en que el Estatuto del Niño y el Adolescente debe ser modificado para reducir la edad penal de 18 a 16 años. Actualmente hay más de un centenar de iniciativas para reducir la edad penal.
Pero mientras en la esfera legislativa dominaron las voces de apoyo a la propuesta del gobernador, especialistas alertaron que la medida no ayudará a frenar la violencia criminal y podría incluso tener un impacto negativo para los menores.
"La seguridad pública en Sao Paulo presenta estadísticas alarmantes, cada dos días muere una persona en un asalto y no es por culpa del Estatuto del Niño y el Adolescente, no es por la legislación, sino por la falta de estructura de seguridad", sostuvo Sergei Arbex, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas en una entrevista con la radio de la Cámara de Diputados.
Sugirió que la iniciativa del gobernador busca evadir su responsabilidad por la grave situación de seguridad en el estado.
Datos de la Fundacao Casa, que administra los centros de internación de menores en Sao Paulo, indican que de los 8.462 menores detenidos en el estado sólo 0,9% cometió algún acto de violencia contra otras personas.
Según Arbex, esa estadística demuestra que la propuesta de Alckmin no va a cambiar la situación de criminalidad atribuida a los menores.
Para Miriam Maria José, integrante del estatal Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, no es necesario alterar el estatuto que trata los derechos de los menores sino hacer cumplir disposiciones que ya existen.
"Lo que necesitamos es que el Estado cumpla con lo que está establecido en el estatuto y la constitución, que invierta en políticas públicas y el fortalecimiento de la familia", sostuvo la especialista./AP
(RB)