Indígenas terenas y representantes del gobierno brasileño celebraron hoy la primera reunión de conciliación por el conflicto por posesión de tierras que enfrenta a nativos y hacendados, y que hace un par de semanas dejó un indígena muerto y otro gravemente herido en el estado de Mato Grosso do Sul.
Según informa hoy la agencia oficial de noticias ABR, los líderes indígenas fueron recibidos por los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo; del Gabinete Civil de la Presidencia, Gleisi Hoffmann; y de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho.
Participaron en la reunión, además, el representante de la Abogacía General de la Unión, Luís Inácio Adams; y parlamentarios de Mato Grosso do Sul.
"Tuvimos una reunión bastante importante y tenemos esperanza de que al menos podremos comenzar a dialogar en esta discusión. Nuestro país precisa de mucho diálogo para discutir este problema que no es nuestro y que tampoco es de los productores rurales. Es un problema que el propio Estado creó. Entonces, el Estado debe crear políticas y cuestiones jurídicas que puedan resolver estos problemas", dijo el indígena Anastácio Peralta.
Por su parte, el senador oficialista Delcídio Amaral, explicó que existe consenso respecto a la necesidad de indemnizar a los propietarios de las tierras que serán entregadas a los indígenas, y aseguró que el gobierno está buscando alternativas para llegar a una solución definitiva para este tipo de conflictos.
"A partir del momento en que el gobierno busque una solución para indemnizar las áreas (que serán dadas a los indígenas) nosotros comenzaremos a mitigar estos efectos (derivados del conflicto), a distender el clima y traer tranquilidad para todos, para las etnias y para los productores rurales", dijo Amaral.
Adelantó que para este año hay una reserva presupuestaria destinada a ese tipo de indemnizaciones, de 50 millones de reales (unos 25 millones de dólares). "No es suficiente, pero es un comienzo", admitió.
La semana que viene se celebrará una nueva reunión. Mientras tanto, la hacienda Buriti, cuyo intento de desocupación por parte de la Policía Federal dio por resultado la muerte de un indígena de 34 años, alcanzado por un balazo mientras resistía la acción policial junto a unos 500 nativos, seguirá ocupada.
Tras el incidente, la Justicia ordenó la suspensión de la orden de desocupación inmediata de la hacienda, que forma parte de las cerca de 17.300 hectáreas tipificadas como tierras indígenas en 1993 por la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), y cuya devolución es reivindicada por los nativos.
"Nuestra posición de no salir (de la hacienda) permanece. Retroceder, por ahora, no. Infelizmente tuvimos que perder vidas de guerreros para que esto saliera a la luz, pero tenemos confianza y esperanza de que de aquí en más conseguiremos encontrar una solución", dijo el indígena terena Lindomar Ferreira, al salir de la reunión.
La muerte del indígena, ocurrida el pasado 30 de mayo durante la desocupación de la hacienda, y el ataque a balazos y por la espalda de otro indígena, un día después, por parte de desconocidos, aumentaron la tensión en la región y llevaron a que el gobierno, a pedido de la gobernación provincial, enviara 110 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad, que están en la región desde hace diez días.
El conflicto llevó además a que la presidenta de la FUNAI, Marta Maria Azevedo, renunciara al cargo, ocupado interinamente por la directora de Promoción al Desarrollo Sostenible, Maria Augusta Assirati. /DPA