La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2021 que destina 741.000 millones de dólares para el Pentágono y a la se opone el presidente saliente, Donald Trump.
El proyecto quedó aprobado por 335 votos a favor y 78 en contra. Suficientes para anular el posible veto presidencial con el que Trump ha amenazado.
El texto, 3.000 millones de dólares superior al de 2020, queda ahora en manos del Senado.
Trump lleva semanas pidiendo a los legisladores republicanos que rechacen el proyecto por incluir disposiciones a las que se opone y no incluir algunas de sus prioridades. Como por ejemplo la derogación de la Sección 230.
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El mandatario saliente también se opone a que la norma imponga el cambio de nombre de instalaciones militares que conmemoran la Confederación. Que blinde los contingentes militares estadounidenses en Alemania o Corea del Sur.
Trump anunció en junio una drástica reducción de los 34.500 soldados en activo que EEUU tiene en Alemania, pero este proyecto impediría ejecutar sus planes.
"Espero que los republicanos en la Cámara Baja voten en contra de la débil NDAA, que yo VETARÉ. Debe incluir la eliminación de la Sección 230 (con fines de seguridad nacional). Preservar nuestros Monumentos Nacionales, permitir 5G y la reducción de tropas en países extranjeros", dijo este mismo martes Trump en Twitter.
Sin embargo, un nutrido grupo de republicanos ignoró los pedidos del presidente saliente. Aprobó este proyecto que lleva meses de negociación con los demócratas y que incluye nuevas iniciativas para enfrentar a China y subidas salariales para la tropa.
"Cuanto más fuerte sea el voto, menor será la posibilidad de tener que lidiar con un veto más tarde", dijo el congresista Mac Thornberry. Es el republicano de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja.
Aunque el voto favorable ha sido fuerte, el futuro del proyecto no es del todo claro, ya que el propio líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, dijo que se opondrá a cualquier esfuerzo de anular un veto presidencial.
Además el proyecto debe quedar definitivamente aprobado antes de que expire el mandato del actual Congreso el próximo 3 de enero o quedará sin validez.
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