DPA
La CIDH emitió hoy una medida cautelar que pide la suspensión de la condena a cárcel de tres opositores ecuatorianos demandados por "injuria judicial" por el presidente Rafael Correa, después de que acusaran al mandatario de ordenar disparar durante la revuelta policial de septiembre de 2010.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "solicita al Estado de Ecuador que suspenda indmediatamente los efectos de la decisión del 14 de enero de 2014, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal (…) hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual", señala la decisión del organismo regional con sede en Washington, que hoy mismo notificó su decisión al gobierno de Quito.
La medida cautelar está emitida a favor del asambleísta de la oposición Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, quienes en enero fueron sentenciados por la corte de Casación a 18 meses de cárcel y al pago de una multa de más de 100.000 dólares en un proceso planteado por el presidente Correa por delito de injurias.
También es beneficiario de la orden de la CIDH el dirigente sindical Carlos Figueroa, quien fue sentenciado a su vez a seis meses de cárcel y a compartir la indemnización.
El 30 de septiembre de 2010, la policía de Ecuador protagonizó un alzamiento en reclamo de beneficios sociales que derivó en la retención del presidente Correa en un hospital policial, del que fue liberado por la fuerza militar. El incidente dejó cinco muertos y decenas de heridos.
El hecho, que fue condenado mundialmente, aún se ventila en más de una decena de procesos en las cortes ecuatorianas y en una comisión especial creada por el mandatario ecuatoriano.
A finales de enero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya había manifestado su preocupación por la condena de los tres opositores, argumentando que el "desproporcionado uso del derecho penal para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones" puede llevar a "impedir o inhibir el control social sobre los funcionarios públicos".