La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se dijo preocupada por el peligro para el "periodismo libre" que dijo supone la denuncia de la agencia de noticias AP de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó registros telefónicos de sus periodistas.
"La Relatoría Especial advierte con preocupación que este tipo de prácticas puede perjudicar el ejercicio de un periodismo libre y afectar el derecho de los periodistas a mantener en secreto la identidad de sus fuentes", alertó el organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según subrayó, la confidencialidad de las fuentes "es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés público".
Por ello, la Relatoría le recordó al gobierno de Barack Obama la "necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un periodismo libre".
La agencia de noticias estadounidense desató la alarma esta semana al denunciar que el Departamento de Justicia había solicitado sin avisarle previamente los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas durante los meses de abril y mayo de 2012.
El escándalo ha puesto en aprietos al gobierno de Barack Obama, que en un intento de bajar las presiones anunció que ha iniciado el proceso para reavivar una ley para mejor protección de los periodistas que fracasó en su camino legislativo en 2009.
El senador demócrata Chuck Schumer ha sido el encargado por la Casa Blanca de la introducción de la Ley de Libre Flujo de Información.
En un comunicado, Schumer dijo que aunque no está claro que de haber estado ya en vigor la normativa el Departamento de Justicia habría procedido de otra manera -la justificación oficial de la investigación a la AP es que el caso estaba relacionado con una filtración "muy grave" que ponía en "peligro" la seguridad de estadounidenses- cuanto menos sí habría garantizado un proceso más transparente tras la toma de la decisión de investigar las llamadas periodísticas./DPA