El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, buscaría "blindar" ante la ONU al proceso de paz que protagoniza desde noviembre pasado en Cuba con las FARC, durante la Asamblea General del organismo internacional que se celebrará a finales de este mes en Nueva York, según indicó hoy un medio local.
De acuerdo con el diario "El Tiempo" de Bogotá, Santos viajará a Estados Unidos para lograr el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las conversaciones con la guerrilla y "reducir así la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga".
"El presidente Santos no está dispuesto a dejar que la Corte Penal interfiera en el propósito fundamental de su mandato: terminar el conflicto", indica el texto periodístico.
"Lo que busca el mandatario es que el mundo respete la soberanía jurídica del país para definir los mecanismos de investigación y juzgamiento de más de 50 años de guerra, lo que se traduce en blindar los acuerdos a los que llegue con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la intervención de la CPI", añade.
Lo que según el diario prendió las alarmas en el gobierno fueron las cartas de la fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, en las que se advierte sobre la posible intromisión del tribunal en procesos juzgados en Colombia, lo que se convertiría "en una amenaza para los diálogos".
En los documentos, que ya llegaron al Corte Constitucional colombiana, Bensouda precisa que la suspensión de la pena incluida en el "marco jurídico para la paz" es "una decisión inadecuada para los individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad".
La iniciativa aprobada por el Congreso el año pasado y aceptada por la Corte la semana pasada, permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen ante un eventual acuerdo, además de su posible participación política en las instituciones.
Durante una entrevista con la emisora Blu Radio, respecto de la posible intromisión de la Corte, el jefe de Estado colombiano señaló que por encima de la CPI está la ONU, por lo que "hay ciertas decisiones que la organización puede tomar por encima de cualquier circunstancia".
"Debemos respetar el derecho internacional y ciertos límites, pero hay unas zonas grises, como también las hay en nuestra propia justicia", explicó Santos, quien agregó que "la discusión es importante tenerla para que las voces fundamentalistas no lo sean tanto que nos impidan llegar a la paz".
Aunque Colombia es consciente de que los diálogos con las FARC son los primeros a la luz del Tratado de Roma, que creó a la CPI, también tiene claro que dentro de la Constitución Nacional hay una excepción con la que puede defender los eventuales acuerdos.
"Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe de conformidad con la Constitución y los principios y normas de derecho internacional", dice la sentencia de 2002.
El gobierno y las FARC, que con el proceso buscan darle fin al conflicto armado interno que vive el país desde hace medio siglo, han discutido hasta el momento sobre el desarrollo rural y la participación política de la guerrilla, los dos primeros puntos de la agenda que contiene cinco ítems.
Casi a un año del inicio de los diálogos, aún quedan por discutir los puntos sobre drogas ilícitas, abandono de las armas y reparación a las víctimas. De llegar a un acuerdo entre las partes, el "marco jurídico para la paz" sería la ley que se aplicaría para la reinserción de los guerrilleros a la vida civil./DPA