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Luego de semanas de denuncias cruzadas de fraude e intimidación en la jornada electoral, pocos votantes que fueron a los comicios en las primeras horas del martes tuvieron problemas, más allá de las colas largas en algunos lugares.
Durante las semanas previas, cundieron los temores sobre eventuales problemas para votar. El candidato republicano Donald Trump denunció reiteradamente, sin pruebas, que la elección estaba amañada y temía que los hackers atacaran los sistemas. Y los temores por la intimidación y el fraude dieron lugar a una serie de demandas judiciales. Los nuevos reglamentos de votación en más de una docena de estados creaban el peligro de sembrar la confusión.
"Esperemos que se desarrolle relativamente en calma. Esperemos que no reviente. Pero éste no ha sido un año electoral común", dijo Wendy Weiser, directora del programa de democracia en el Centro Brennan para la Justicia de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York.
Una señal positiva fue la calma relativa durante el período de votación anticipada.
Se prevé que la votación anticipada, sea por correo o en persona, constituirá hasta el 40% de los votos en todo el país. A pesar de las horas de espera en algunos lugares, el proceso hasta ahora no ha mostrado problemas graves, lo que resulta tranquilizador.
En las elecciones presidenciales suele haber problemas esporádicos, con máquinas que no funcionan bien, largas colas y problemas con las boletas o los padrones. La cuestión este año es si los problemas serán tan generalizados como para indicar un patrón de fraude o intimidación. Las llamadas a Protección Electoral, un teléfono donde pedir ayuda, incluyeron denuncias de largas colas debido a desperfectos en las máquinas en tres circunscripciones en Virginia.
En la última semana, los demócratas entablaron demandas en siete estados para denunciar presuntos esfuerzos de los republicanos y la campaña de Trump para desplegar una red de observadores que buscara instancias de fraude. Los republicanos rechazaron las acusaciones de intento de intimidación y los jueces no encontraron pruebas de esos intentos.
Esta es la primera elección presidencial en la que no rige una cláusula crucial de la Ley del Derecho al Voto. Un fallo dekl la Corte Suprema en 2013 anuló la parte de la ley que obligaba a estados y jurisdicciones con una trayectoria de discriminación racial a someter cualquier cambio en sus leyes electorales a la aprobación del Departamento de Justicia federal. Esto permitió a varios estados, en su mayoría con legislaturas y gobernadores republicanos, imponer leyes de identificación más estrictas y limitar la votación anticipada.
Las impugnaciones de algunas de estas leyes han dado lugar a una serie de fallos que bloquearon o anularon algunas disposiciones a la vez que ratificaron o restauraron otras. Esto generó temores de desinformación entre los votantes, las autoridades electorales y los empleados de los comicios.
En la votación anticipada en Texas hubo informes en al menos siete condados de guías de votantes desactualizadas y empleados que afirmaban incorrectamente que se requerían documentos de identidad con foto para votar. Una corte federal de apelaciones había determinado que la nueva ley estatal discriminaba a las minorías y los pobres, y ordenó al estado flexibilizar sus normas.
El fallo de la Corte Suprema también llevó al Departamento de Justicia a enviar menos observadores entrenados a comicios alrededor del país que en años anteriores, lo cual probablemente reducirá su capacidad para detectar instancias de intimidación y otros problemas en potencia.
Mientras tanto, las autoridades electorales se precavían de cualquier intento de irrupción en sus sistemas. Unos 33 estados aceptaron una oferta del gobierno federal de verificar sus bases de datos de votantes y buscar puntos vulnerables en sus sistemas después de intentos de hacker de penetrar en los de dos estados a mediados de año.
Los jefes de la Asociación Nacional de Gobernadores, el demócrata Terry McAuliffe de Virginia y el republicano Brian Sandoval de Nevada, dijeron en un comunicado conjunto que las autoridades electorales en estados y municipios han trabajado durante años para reforzar la seguridad de sus sistemas. Dijeron que los gobernadores se han coordinado con expertos en ciberseguridad para garantizar la integridad de sus sistemas.