EFE
Una comisión parlamentaria decidió hoy que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasará ahora a su próxima fase, en el plenario de la Cámara de Diputados.
La decisión, que supone un nuevo paso hacia un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, en una comisión formada por 65 diputados que analizó las acusaciones contra la mandataria durante once sesiones.
El futuro de la presidenta brasileña está en manos de 513 diputados. La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
En su informe, Arantes aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
En la sesión, fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras "faltas" administrativas, que no bastarían para una destitución.
Según Cardozo, el proceso "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa", por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la estatal Petrobras, ajenas a la acusación.
"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".
Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.
Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren ante el Congreso cientos de miles de manifestantes, las autoridades terminaron de instalar hoy unas enormes vallas en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra a todo el poder público.
Las vallas tienen dos metros de alto, un kilómetro de longitud y pretenden separar a los adversarios y defensores de Rousseff, que ocuparán lados distintos a lo largo de esas cercas de seguridad.
En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición.
2016-04-11