El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que declaró inconstitucional artículos claves de una norma que permitía juzgar los crímenes de la dictadura es "contrario" a la legislación internacional sobre los derechos humanos.
Este criterio del organismo de Naciones Unidas se basa en el hecho de que el fallo en cuestión "no reconoce" que los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos -como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales- no pueden prescribir.
Como otros cuatro países, Uruguay compareció en la última sesión del comité para explicar cómo aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su informe final, con sus conclusiones y recomendaciones, el comité insiste ante Uruguay en la necesidad de que encuentre en el caso del fallo de inconstitucionalidad "una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones según el pacto".
A este respecto, le recuerda al país que "las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar actos de tortura".
Tampoco pueden eximir -agrega el comité- a los autores de torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas "de su responsabilidad jurídica personal".
En una conferencia de prensa en la que los miembros del comité comentaron sus principales preocupaciones sobre cada uno de los países examinados, el jurista Fabián Salvioli sostuvo que la sentencia de la Suprema Corte uruguaya "contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar".
"Queremos recordar al Estado que todos sus órganos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están obligados a cumplir con las disposiciones del pacto, cuando el Estado lo ha ratificado", señala el documento.
En su informe, el comité de la ONU también afirma haber tomado nota de las explicaciones que la delegación gubernamental le dio "sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad que, en principio, se limitaría al caso concreto en que se planteó".
A este respecto, el presidente del comité, Nigel Rodley, manifestó que este órgano ha buscado transmitir un mensaje directo al Poder Judicial, que señaló como la parte del Estado "que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones" y a la que se está pidiendo que reconsidere su decisión.
Por otra parte, Salvioli dijo que las condiciones carcelarias "siguen siendo un problema grave en Uruguay", principalmente por la "gran cantidad de personas detenidas sin condena", lo que ha generado una "superpoblación carcelaria".
Para resolver esta situación, el comité recomendó a Uruguay introducir cambios en el Código de Procedimientos Penales y, de manera general, "limitar el periodo legal de prisión preventiva".
Otra de las preocupaciones destacadas por el jurista fue la necesidad de vigilar el problema de la violencia doméstica, así como investigar y castigar los casos de discriminación "por motivos de orientación sexual e identidad de género".
Salvioli elogió a Uruguay por haber aceptado participar en un procedimiento voluntario por el que respondió directamente a un cuestionario que le hizo llegar el comité, "lo que ha sido muy útil, valioso e importante para el diálogo que tuvimos", señaló./EFE