Este viernes condenaron a la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra a cuatro años de prisión por abuso de autoridad durante su mandato en 2018.
No obstante, la pena judicial es conmutable. Es decir, podría ser cambiada.
La decisión fue emitida por la jueza Oly González, a cargo del Tribunal Octavo del Organismo Judicial guatemalteco.
La sentencia se concretó pese a la insistencia en la liberación de la abogada desde hace varios meses por parte de organizaciones humanitarias locales y extranjeras.
Laparra defendió este viernes su inocencia ante los medios de comunicación y dijo que el juzgado "ya tenía su sentencia".
Un diezmo para evitar las rejas
El veredicto de González obliga a Laparra a pagar una multa de 10 quetzales (alrededor de 1,25 dólares) diarios.
El mismo, es un débito establecido por cuatro años si la exfiscal quiere evitar ingresar a prisión.
Sin embargo, la exfiscal pasó tras las rejas desde su detención en febrero. El Ministerio Público había pedido ocho años de prisión para su extrabajadora.
La abogada enfrentó este proceso porque en 2018 denunció administrativamente en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos.
Eso supuso que la exfuncionaria cayó en un "abuso de poder" porque a criterio del acusador, Laparra actuó "por motivación particular".
¿Justicia o venganza?
La exfiscal anticorrupción dijo a EFE el jueves que el juicio era "una venganza política" por la lucha anticorrupción. "Alguien debía pagar" y me eligieron a mí”, expresó.
Según añadió, la "venganza" es en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La organización es un ente de las Naciones Unidas. Entre 2014 y 2019 desmanteló más de 50 estructuras de corrupción.
Todas estaban vinculadas a presidentes, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial.
En 2019 la Cicig cerró por orden del entonces presidente Jimmy Morales.
Al menos 24 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales y jueces que investigaron o juzgaron a personajes implicados en corrupción, tuvieron que salir al exilio.
Los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala sufren acoso por parte de la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Quienes lideran esta organización están sancionados por Estados Unidos desde los últimos años.
Varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional exigieron al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra.
Consideran que la acusación en su contra presentó serias falencias.
EFE.
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