El Consejo de Estado de Colombia concedió hoy al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, las medida cautelares que éste solicitó para anular la destitución ordenada por la Procuraduría General (Ministerio Público), y se consolidó así en el segundo cargo más importante del país después de la Presidencia.
El magistrado Gerardo Arenas, quien tenía en sus manos la decisión de conceder las medidas de protección que el burgomaestre solicitó después de ser retirado de su cargo en marzo pasado, cuando se hizo efectiva la orden del Ministerio Público, argumentó que no hubo "dolo en las decisiones que tomó el alcalde".
"Se hizo un análisis general de todo dentro del material que se dispone del estado del proceso. Sin embargo, esta decisión tendrá una última palabra en la sentencia definitiva", agregó Arenas al referirse a la determinación que deberá hacer el Consejo de Estado en pleno sobre el caso.
El alcalde se pronunció y aseguró en Twitter que la decisión del Consejo "protege al alcalde, al voto ciudadano y a Bogotá", mientras que la Procuraduría anunció que presentará un recurso de "súplica" para hacer efectiva la destitución.
La Procuraduría, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, abrió un proceso contra Petro a raíz de los cambios que este hizo en el esquema de recogida de la basura en el Distrito Capital a finales de 2012.
Petro decidió ahorrar costos y no renovó los contratos con empresas privadas dedicadas a esa tarea, por lo que la empresa pública de acueducto se encargó entonces de recoger la basura. El cambio ocasionó la acumulación de desperdicios por tres días mientras el nuevo operador asumía sus funciones.
El Ministerio Público consideró que Petro cometió errores "gravísimos" por lo que ordenó su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Después de que el alcalde lograra mantenerse en el cargo mediante amparos judiciales, a mediados de marzo pasado el presidente Juan Manuel Santos lo separó del puesto.
Santos aclaró que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de concederle al burgomaestre las medidas cautelares no eran "vinculantes", por lo que "debía actuar a favor de la institucionalidad".
Un mes después y tras la orden que el Tribunal Superior de Bogotá le dio al Estado de acatar las medidas cautelares pedidas a favor de Petro por la CIDH, el líder izquierdista y ex miembro del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) regresó a la Alcaldía.
El regreso de Petro al Palacio de Liévano reactivó a su vez un proceso de revocatoria de su mandato impulsado por opositores para que los habitantes de Bogotá se pronuncien en las urnas, probablemente en junio o julio, sobre si quieren que el alcalde termine su periodo o salga del gobierno distrital.
Al proceso en la Procuraduría y a la revocatoria a su mandato se sumó hace pocos días una investigación en la Contraloría por las rebajas que el burgomaestre, elegido para gobernar entre el 1 de enero de 2012 a la misma fecha de 2016, ordenó para el sistema de transporte masivo de la ciudad. /DPA