EFE
Decenas de costarricenses protestaron este domingo en una caravana de vehículos contra la posibilidad de nuevos impuestos en el marco de una negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de acceder a créditos por 1.750 millones de dólares.
Con pancartas que decían "Costa Rica no se vende", "¡No más impuestos!", "Fuera FMI" y "¡El pueblo tiene la última palabra!" los ciudadanos exigieron no imponer nuevos impuestos en una economía golpeada por la crisis sanitaria.
El movimiento civil Despierta Costa Rica convocó la caravana pacifista de vehículos con salida a un costado del parque Metropolitano La Sabana con destino hacia la localidad de Santa Ana, en donde algunas personas hicieron una concentración a pie frente a casa del presidente, Carlos Alvarado.
"Costa Rica enfrenta una crisis no solamente de COVID-19, que es a nivel mundial, pero la pandemia más grande es a nivel que tenemos de administración (…) por eso es hora de decir no más", indicó el bloque en su pronunciamiento.
Grupos empresariales y sindicales también han mostrado su rechazo a la propuesta planteada por el Gobierno al FMI, ya que consideran las medidas de ajuste desbalanceadas y en perjuicio del sector productivo.
La Cámara Costarricense de Hoteles catalogó de "inaceptable" el plan inicial ya que las propuestas "van en contra de la empresa privada, cada vez nos hacen menos competitivos, más caros y cada vez es más difícil hacer negocios en este país".
Por su parte, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria indicó que la iniciativa "genera importantes preocupaciones, principalmente por una muy alta carga de nuevos impuestos y tasas tributarias y una propuesta de reducción de gasto público que podría ser más ambiciosa".
Además, la Cámara Costarricense de la Construcción reconoció el difícil momento histórico que atraviesa el país, pero mostró su preocupación porque las medidas "se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo".
En su pronunciamiento la Oficina del Consumidor Financiero considera que impuesto a las transacciones financieras sería un "duro golpe al bienestar de los consumidores y trata de una propuesta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población".
El Gobierno presentará esta propuesta al FMI a inicios del mes de octubre y posteriormente iniciarán las negociaciones con el objetivo de acceder a créditos por 1.750 millones de dólares durante un periodo de tres años.
El plan incluye una reducción temporal de las cargas sociales para las empresas con el fin de incentivar el empleo, disminución de los costos de electricidad, reformas para la promoción y creación de empleo y un plan de alianzas público-privadas para la inversión pública.
Mientras que en el caso de los ingresos se establecen medidas fiscales temporales y excepcionales, entre ellas una sobretasa extraordinaria sobre la renta y un impuesto temporal del 0,3 % a las transacciones electrónicas y cheques.
También incluye la aplicación de una renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones a cooperativas y otros entes, así como un aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que pasaría de 0,25 a 0,75 %.
Los datos más actualizados del Banco Central muestran que al mes de junio todas las actividades económicas del país están en números negativos, lo que sigue causando un fuerte deterioro en el mercado laboral con el desempleo en la histórica cifra del 24,4 %, el doble que antes de la pandemia.
En general, el índice de actividad económica se encuentra en el -7,4 %. El pronóstico oficial es que la economía del país sufrirá una caída del 5 % al finalizar el 2020 y las proyecciones oficiales indican que el déficit se situará en alrededor del 9 % del PIB al cerrar el año.
2020-09-20
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