La Empresa Editora El Comercio denunció hoy a una jueza que aceptó en trámite una acción contra la compra de la mayoría de acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa), en un capítulo más del debate que se libra en el Perú por una supuesta concentración en la propiedad de los medios.
Según la versión online del diario "El Comercio", la denuncia presentada ante la Oficina de Control de la Magistratura obedece a que la jueza Lizy Béjar Monge supuestamente firmó la resolución en una fecha posterior a la publicada, cuando ya no tenía jurisdicción en el caso.
Además, Béjar Monge acompañó su firma con la de un asistente legal que supuestamente renunció al Poder Judicial meses atrás y que por tanto no tendría nada que ver con el asunto.
Previamente, el diario "La República", que encabeza la batalla contra lo que considera una transacción no válida, había publicado hoy que la jueza aceptó a trámite la demanda presentada por ocho periodistas, aunque sin que ello significara una posición sobre el fondo del caso.
Los querellantes piden que se deje sin efecto la compra por parte de la Empresa Editora El Comercio de un 54 por ciento de las acciones de Epensa, concretada el año pasado, por supuestamente ser un atentado contra principios democráticos de la información.
El Comercio sostiene que lo que existe es una asociación entre dos organizaciones periodísticas, enmarcada en los principios de libertad de empresa y de expresión, y que no se está cometiendo nada ilegal, aspecto en el que ha coincidido el presidente Ollanta Humala, que no obstante ha criticado la "concentración".
Los críticos de la operación, entre los que está el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, afirman que ahora entre un 80 y un 90 por ciento del periodismo impreso nacional está en unas mismas manos, lo que consideran antidemocrático.
El debate se ha extendido a amplios sectores sociales, divididos entre quienes estiman que al ser la operación legal el Estado no tiene porqué intervenir, pues ello además sería un atentado contra la libertad de prensa, y quienes consideran que se deben adoptar medias que garanticen el derecho ciudadano al pluralismo.
Pese a haberse pronunciado abiertamente contra la operación y a haber acusado a los dueños de El Comercio de ser quienes atentan contra la libertad de expresión, Humala ha dicho que el caso debe verse en el Congreso y su ministro de Justicia, Daniel Figallo, aclaró que el Ejecutivo no prepara ninguna medida al respecto.
En la Empresa Editorial El Comercio, sin embargo, se afirma que se debe estar en guardia ante posibles avances intervencionistas. /DPA