Asociaciones de trabajadores sindicales de Chile denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el país no cuenta con una "auténtica libertad sindical" debido a que los derechos de los trabajadores siguen ligados a un modelo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Durante una audiencia en el marco del 149 periodo de sesiones de la CIDH, los peticionarios chilenos argumentaron que el estado aún no ha cumplido con las recomendaciones que le indicó el propio organismo en 1985, concernientes a la libertad sindical, el derecho de asociación colectiva y el derecho a la huelga sin capacidad de reemplazo.
"Lo que se señaló en aquella oportunidad es que Chile no cumplió con estándares internacionales, las respuestas que han dado en caso alguno se han referido a los cargos que la propia comisión remitió al estado chileno", argumentó al final de la audiencia el abogado de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Rodrigo García.
García explicó a los comisionados que la práctica de la huelga en día en Chile es "un mecanismo absolutamente ineficaz" porque se le garantiza al empleador un tiempo de preparación que le permite reemplazar a los trabajadores que deciden unirse a la protesta.
Por otra parte, los peticionarios insistieron en que en Chile se viola "sistemáticamente la libertad sindical" producto de una "ultrarregulación" excesiva de los sindicatos y una limitación de los requisitos de aquellos trabajadores que pueden afiliarse a ellos.
Juan Pablo Crisóstomo, director de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores chileno, aseguró, sin embargo, que el país suramericano se acogió a 61 convenios internacionales de regulación laboral, y subrayó frente a los comisionados que Chile es miembro de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) desde su fundación en 1919.
"Lo que pasa es que habiendo ratificado todos los convenios la legislación interna no se adecúa a esos convenios, y no se adecúa porque esta amarrada a la constitución política heredada de Pinochet", rebatió María Eugenia Puelma Alfaro, secretaria de Derechos Humanos de la CUT.
"Mientras no se enfrente ese problema y no se pueda adecuar esa legislación los convenios que se ratifican no tienen ninguna significancia al interior del país y por tanto los trabajadores seguimos quedando indefensos al plan laboral que se elaboro en los años 70 y 80 en nuestro país", añadió.
Por su parte, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil, reconoció los esfuerzos del Estado chileno por superar los obstáculos en materia laboral al ratificar esos instrumentos internacionales, aunque también apuntó que pueden subsistir algunos de ellos herencia de "épocas anteriores".
"Aquí lo esencial no es tanto que los estados suscriban instrumentos internacionales donde diga que respetan derechos fundamentales o de los trabajadores, sino que haya mecanismos de protección en caso de que esos derechos no sean respetados por esos estados", dijo.
Los peticionarios pidieron además una visita "in loco" de la comisión para que analice la situación de los trabajadores en Chile./EFE