EFE
Un fiscal desestimó una denuncia contra el presidente de Argentina, Mauricio Macri, por instigar supuestamente una tentativa de suicidio de la diputada kirchnerista del Parlamento del Mercosur, Milagro Sala, quien se encuentra en prisión desde enero de 2016, informó el Ministerio Público.
La defensa de Sala presentó la denuncia cuando la activista se autoinfligió lesiones el 19 de octubre, apenas cinco días después de regresar a una cárcel de la provincia de Jujuy, al considerar que su defendida es víctima de una persecución política y judicial impulsada por el jefe de Estado y el gobernador jujeño, el oficialista Gerardo Morales.
La activista, líder de la organización kirchnerista Tupac Amaru, había permanecido 44 días en régimen de prisión domiciliaria, pero el juez Pablo Pullen la devolvió al centro penitenciario de la provincia de Jujuy (noroeste) donde se encontraba con anterioridad.
El magistrado consideró que Sala había incumplido las condiciones establecidas para que su salud estuviera bien atendida y decretó que necesitaba "atención médica inmediata", algo que según él solo podía recibir en prisión.
Según el escrito presentado por su abogado, Alejandro Garfagnini, las heridas que se produjo Sala al volver a la Unidad n.3 de mujeres de Jujuy fueron consecuencia del "agravamiento de las condiciones de detención" y la "intensificación de la persecución política montada" contra la activista, a la espera de juicios por diferentes causas.
La denuncia presentada contra Macri y contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos argentino, Germán Garavano, y Gerardo Morales, incluía además las autolesiones que se propinó tan solo un día antes de que lo hiciera la también activista Mirta Guerrero, compañera de Sala en Tupac Amaru, presa en el mismo centro.
Según el letrado de la defensa, las decisiones políticas de Macri influyeron en las lesiones que Sala y Guerrero se autoprovocaron.
Sin embargo, el fiscal Jorge Di Lello dictaminó que "las circunstancias expuestas no resultan suficientes para sustentar el impulso de la acción penal".
Para que hubiera atribuciones penales, indicó, debería existir un "comportamiento doloso y directo" que "no se observa" en los actos de Macri, Garavano y Morales.
Di Lello apuntó que serán el "tribunal o tribunales que ordenaron la privación de la libertad" de Sala y Guerrero quienes deberán abordar la respuesta jurídica.
2017-11-01