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Ya hay una cola larguísima cuando todavía no ha salido el sol en una oficina de Los Ángeles donde jóvenes inmigrantes sin autorización para residir en el país buscan ayuda para renovar sus permisos de trabajo al amparo de un programa que los protege de la deportación pero que el gobierno de Donald Trump amenaza con dejar sin efecto.
Iván Vizueta, de 25 años, residente en Long Beach, California, se trajo una silla plegable y música para amenizar la espera. Trabaja en una compañía de plomería y gana el doble de lo que percibía cuando descargaba contenedores, antes de conseguir el permiso de trabajo. Las colas son diarias desde que Trump dijo que dejaría sin efecto el programa en seis meses y algunas personas llegan a las tres de la mañana.
“Tengo que hacerlo para poder tener otros dos años de seguridad”, expresó Vizueta, quien fue traído al país hace casi dos décadas desde México y espera tener algún día su propia empresa de plomería.
Los inmigrantes como Vizueta libran una carrera contra el reloj para renovar sus permisos antes del 5 de octubre, el plazo fijado por el gobierno para extender por última vez ese beneficio. A partir de esa fecha, nadie podrá solicitar la renovación bajo un programa que ha cobijado a casi 800.000 jóvenes inmigrantes traídos al país de niños que no tienen permiso de residencia.
El programa le cambió la vida a muchos jóvenes que han podido estudiar en la universidad y para quienes Estados Unidos es la única tierra que conocen. El programa fue creado por el gobierno de Barack Obama en el 2012 y deja en suspenso las deportaciones de estos jóvenes. Algunos lo consideran una amnistía ilegal que priva de trabajos a ciudadanos estadounidenses.
Trump anuló este mes el llamado DACA, las siglas en inglés del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y le dio el Congreso seis meses para resolver el tema de una vez por todas. Los líderes demócratas y Trump dijeron haber llegado a un acuerdo para proteger a estos inmigrantes, pero el Congreso por ahora no está lidiando con el tema sino que se está enfocando en la promesa republicana de anular el plan de salud de Obama y de reformar los códigos impositivos.
Los activistas que defienden la causa de los inmigrantes jóvenes en situación irregular han estado exhortando al gobierno a que extienda el plazo del 5 de octubre, organizan talleres y recaudan dinero para ayudarlos a pagar los 500 dólares que cuesta el trámite.
Jesús Pérez, de Phoenix, dice que no sabe si hubiera podido completar el trámite a no ser por la ayuda financiera y la asesoría que recibió. A Pérez, de 30 años y padre de tres niños, a la espera de su cuarto hijo, le aprobaron un crédito hipotecario para comprar una vivienda, pero para completar la operación tienen que esperar a que le renueven el permiso de trabajo.
“Estás en una situación incierta”, expresó Pérez, quien trabaja en la limpieza de autos y espera abrir su propio negocio pronto.
En Las Vegas, menos de 30 personas pidieron ayuda a una Clínica para Inmigrantes de la Universidad de Nevada, lo que hace pensar que muchos jóvenes tienen miedo de solicitar la renovación y prefieren mantenerse en las sombras. El gobierno considerará solo las solicitudes recibidas hasta el 5 de octubre, lo que implica que para cumplir ese plazo deben ser despachadas este fin de semana.
“Si no estás en una oficina de correo con un sobre para envíos ‘express’ en tus manos la mañana del 2 de octubre, ya no tendrás tiempo”, señaló Michael Kagan, director de la clínica de Las Vegas.
Sólo los inmigrantes con permisos de trabajo que vencen antes del 5 de marzo del 2018 pueden pedir la renovación. Aquellas personas cuyos permisos expiran después de esa fecha no podrán renovarlos. El gobierno calcula que hay unas 154.000 personas cuyos permisos expiran entre el 5 de septiembre, cuando se anunció que el DACA dejará de funcionar, y el 5 de marzo.
En la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, los activistas han ayudado a unos 40 jóvenes a renovar sus permisos en forma gratuita. Los inmigrantes empiezan a hacer cola desde muy temprano para asegurarse de que los atienden rápido, pero algunos han tenido que esperar hasta el mediodía o incluso volver al día siguiente debido a la gran demanda, según Jorge Mario Cabrera, portavoz de la agrupación.
María Moreno, de 23 años, se puso en la fila a las tres de la mañana hace poco para renovar el permiso de trabajo y poder seguir trabajando como cajera y yendo a la universidad. Espera recibirse de maestra para programas de educación especial. Dice que sus padres la trajeron a Estados Unidos desde México cuando tenía diez meses.
“Pasé aquí toda mi vida”, expresó Moreno, quien vive en Los Ángeles. “Nunca regresé y espero no tener que hacerlo”.
Oscar Gaytán, de 22 años, estudiante de historia y de estudios chicanos en la Universidad de California, en Los Ángeles, era uno de los que hacían la cola. Dijo que su permiso era válido hasta fines del año que viene, pero que se lo robaron en un gimnasio y necesitaba volver a pedirlo.
Expresó que desea se profesor o abogado de inmigración tras graduarse, pero que para ello necesita el permiso de trabajo.
“Cuando Trump rescindió el DACA me molestó mucho”, señaló Gaytán, quien fue traído de México cuando tenía cuatro años. “Pero siento que todo pasa por alguna razón. Ojalá que intervenga el Congreso”.
2017-09-29