El Gobierno de EE.UU. justificó hoy la "legalidad" de los registros telefónicos habituales y de datos de compañías cibernéticas que hacen sus agencias de inteligencia y reiteró que son una "herramienta crítica" para enfrentar la amenaza terrorista.
El Director Nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, defendió en un comunicado la práctica de vigilar los archivos telefónicos y otros datos de empresas cibernéticas y explicó las salvaguardas para recabar esos datos.
Clapper dijo que la sección 702 de la ley conocida por su sigla en inglés FISA -adoptada tras los atentados de 2001-, facilita el acceso a información de extranjeros fuera de Estados Unidos y que sólo un determinado número de personal, con capacitación especial, puede acceder a esos archivos.
"La información de inteligencia exterior recabada bajo este programa es una de las más importantes y más valiosas que recopilamos y se utiliza para proteger a nuestra nación de una amplia variedad de amenazas", dijo.
La sección 702 de la ley FISA "no puede utilizarse para escudriñar intencionalmente a ningún ciudadano estadounidense, ninguna otra persona en EE.UU., o a cualquiera dentro de Estados Unidos", y las actividades dentro del programa secreto están sujetas a la supervisión de una corte especial creada dentro de FISA, del Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos, agregó.
La ley antiterrorista de 2001, conocida como Ley Patriota y promulgada un mes después de los atentados del 11-S, obliga a las empresas a entregar a las autoridades archivos y demás información que pueda servir en una investigación relacionada con la seguridad nacional.
Pero el tribunal de FISA prohíbe que el Gobierno escudriñe indiscriminadamente los archivos telefónicos adquiridos mediante el programa secreto.
En una declaración separada, en la que ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con FISA, Clapper enfatizó que considera importante que los estadounidenses entiendan que el programa antiterrorista es "completamente legal", tiene sus límites y se ciñe a una serie de principios.
Horas antes, un portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró en declaraciones a los periodistas que acompañaban al presidente del país, Barack Obama, a Carolina del Norte que estas actividades de inteligencia se realizan "con el conocimiento y la supervisión del Congreso".
Earnest matizó que la recopilación de datos "no permite que se escuchen las llamadas telefónicas de ninguna persona, ni registrar el contenido" y se circunscriben "exclusivamente a detalles sobre el número de teléfono y la duración de las llamadas".
Según la información que ha salido a la luz y que destapó en exclusiva el diario británico The Guardian, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recoge todos los días registros de llamadas de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon, en virtud de una orden judicial secreta.
Pero, según Clapper tanto el informe de The Guardian como el del Washington Post respecto al programa secreto "contienen numerosas imprecisiones".
Verizon, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de EE.UU., con más de 100 millones de usuarios, señaló en un comunicado que entre sus prioridades figura "la protección de la privacidad de sus clientes", pero que tiene que entregar información cuando se lo ordene un tribunal federal.
No obstante, Randy Milch, consejero general de Verizon, eludió confirmar si había recibido o no esta orden.
Obama ha contado con el inusual apoyo de líderes de la oposición republicana, entre estos el senador Lindsey Graham por Carolina del Norte y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, de Michigan, que consideran que este tipo de registros ayuda a proteger a los ciudadanos de la amenaza terrorista.
Mientras, la influyente senadora por California y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, destacó que se trata de una práctica continua y "legal" y que el Congreso está al tanto.
"Hasta donde yo sé, esta es la misma renovación por tres meses de lo que ha sido habitual en los pasados siete años. El Congreso ha estado informado", agregó Feinstein.
Grupos pro-defensa de los derechos civiles han acusado al Gobierno de Obama de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos.
En las últimas semanas la Administración Obama se ha enfrentado a otros casos de espionaje a la agencia AP y de un periodista de Fox News, lo que ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno. EFE
Viernes 07/06/2013