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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se encuentra bajo proceso de destitución por medio de un juicio político que ha sido respaldado en primera instancia por una comisión de Diputados en el Senado.
La comisión entregó ante la cámara un informe, que en los próximos días tendrá que aceptar o rechazar, en donde se evidencia que la Presidenta cometió crímenes de responsabilidad. Cabe destacar que, los cargos en contra de Rousseff no incluyen el escándalo de sobornos de la estatal Petrobras y tampoco en los señalamientos de que en la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió capital desviado de la estatal y de grandes obras públicas.
Rousseff es acusada principalmente por violar normas fiscales al maquillar el déficit presupuestal de Brasil, cuestión que ha generado una gran división entre quienes piensan que la mejor opción sería sacar a Dilma del Ejecutivo y quienes creen que todo el caso forma parte de una maniobra para un "Golpe de Estado".
En declaraciones para BBC Mundo, el politólogo de la Fundación Getulio Vargas (Brasil) explicó que lo que se está discutiendo la cuestión legal y la estrategia política de algunos personajes.
Rousseff fue denunciada en octubre de 2015 ante el Congreso por tres juristas, incluyendo a Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) en donde Rousseff milita.
Bicudo afirmó que la Presidenta del Brasil habría violado la legislación respecto a la salud fiscal del país, además, la denuncia implica el uso de fondos públicos para cubrir programas de responsabilidad del Estado.
En 2014 comenzaron las irregularidades en donde el Tribunal de Cuentas investigó las cuentas de Rousseff, en 2015 las investigaciones arrojaron que estas continuaron.
En su defensa, la representante del Poder Ejecutivo del Brasil afirmó que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, y niega haber cometido los delitos por las que se le acusa por lo que reitera que de el Senado llevar el Impeachment sin crimen, estarían dando un "Golpe de Estado".
La comisión de Diputados que analizó el pedido de Impeachment se pronunció este lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a "una crisis fiscal sin precedentes" en el país.
Redactado por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra, el informe sostiene que la denuncia apunta a una "usurpación" de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
"Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución", sostuvo.
Aunque la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del Gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Ahora corresponde al Congreso definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión. |Con información de BBC.com