El expresidente sudafricano, Jacob Zuma, vio denegada hoy su petición de recusar al juez.
Este juez investiga si bajo su mandato el aparato estatal estuvo al servicio de intereses corruptos.
Después de la decisión, Zuma se marchó sin autorización de una audiencia en la que estaba llamado a declarar.
"Esto es un tema serio (…) Zuma tenía que subir al estrado de los testigos para ser preguntado sobre diversos asuntos que estudiamos como Comisión"
"Es una lástima que haya elegido marcharse sin pedir permiso", afirmó el juez Raymond Zondo.
Zondo preside en Johannesburgo la comisión de investigación creada por el Estado para estudiar el sonado caso conocido como la "Captura del Estado".
La marcha de Zuma, entendida como un insolente desafío, abre ahora un escenario sin precedentes para la Comisión.
Su marcha hace evidente que el expresidente no está por la labor de colaborar voluntariamente con sus pesquisas como un testigo más.
Su partida se produjo aprovechando un receso que el juez había otorgado justo después de emitir el veredicto negativo contra la petición de recusación.
Dicha petición ha ocupado cuatro de los cinco días que el juez había decretado esta semana para que Zuma declarara
Debía hacerlo ante la comisión para dar su versión de los hechos y responder a las acusaciones que previos testigos han ofrecido contra él.
Tras la confirmación de la continuidad de Zondo, el equipo legal de la Comisión quería que Zuma se subiera por fin al estrado.
Sin embargo, el expresidente se marchó sin esperar a conocer si el juez se mostraba también a favor de continuar la sesión o si le permitía ausentarse por hoy.
Acusaciones
La Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el Gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar fraudulentamente al poder y a empresarios afines, como la familia Gupta (de origen indio y próximos a Zuma).
Las acusaciones se remontan a 2016, cuando en un informe titulado "Captura del Estado", la defensora del pueblo, Thuli Madonsela, acusó a Zuma y su entorno de corruptos;
con los Gupta capaces, incluso, de definir el cese o el nombramiento de ministros.
Zuma, que fue forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción,
niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes
y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
En paralelo a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros
de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
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