Las FARC inauguraron en La Habana el debate sobre su participación política con la propuesta de aplazar un año las elecciones en Colombia y convocar una Asamblea Constituyente, planteamiento que el Gobierno de Juan Manuel Santos rechazó rotundamente.
Tras cerrar el 26 de mayo un acuerdo sobre la delicada cuestión de la tierra, Gobierno y guerrilla volvieron a la mesa de negociación instalada en Cuba para comenzar la discusión sobre el segundo y no menos complejo punto de la agenda del proceso: la transformación de las FARC en un movimiento político legal cuando se alcance la paz definitiva.
Y la primera "aportación" de la guerrilla fue proponer que el Gobierno de Colombia aplace un año, y sin reelección presidencial, los comicios previstos para 2014, con el objetivo de "anteponer el interés colectivo de la paz a cualquier otra circunstancia que enrarezca el fin que nos ha convocado en La Habana".
Como ya han defendido en numerosas ocasiones, las FARC piden convocar una Asamblea Constituyente "para encontrar una verdadera solución al conflicto con la decisiva participación del pueblo", según una declaración leída ante los medios por Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango, número dos de la insurgencia y jefe de su equipo negociador.
Preocupada por los plazos que plantea el Gobierno para culminar estas conversaciones de paz, a las FARC les inquieta que el proceso electoral en Colombia "maltrate, marchite o aniquile para siempre las esperanzas de reconciliación".
"Nos preocupa ese molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del Gobierno que está fastidiando el diálogo y la construcción del acuerdo", señaló Iván Márquez.
La propuesta de las FARC tuvo una inmediata respuesta desde el equipo negociador del Gobierno, que rechaza un aplazamiento electoral y que instó a la guerrilla a que se concentre en la agenda pactada para los diálogos.
"No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va, una Constituyente no va", aseveró Humberto de la Calle, líder de la delegación gubernamental ante los medios de comunicación en La Habana.
También pareció responder a la inquietud de las FARC sobre los plazos del diálogo al señalar que existe un "creciente apoyo de los colombianos a este proceso" de paz y "para incrementarlo tenemos que producir resultados".
"Es la sociedad la que lo exige. No se trata de un capricho ni de un deseo de presionar a nuestra contraparte", añadió De la Calle.
Sobre la nueva fase que abre la mesa de negociación con la discusión sobre participación política, De la Calle recordó que la transformación de los alzados en armas en un movimiento político legal es un "elemento común" en todos los procesos de paz tanto colombianos como en los realizados en otros países.
En este caso, se trata de encontrar el modo de "abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con el pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes", explicó.
De la Calle quiso dejar claro que la discusión que comienza será en torno a la creación de un movimiento político como "un todo", no sobre la participación de personas concretas o casos individuales.
"Sabemos que en 1991 se ampliaron en profundidad las garantías para el ejercicio de la democracia dentro del Estado social de derecho. Ese es nuestro punto de partida. El problema no está en la Constitución, sino en aprovechar los espacios que se abrieron en ese momento", señaló el negociador del presidente Santos.
Asimismo, el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, advirtió a las FARC que "aplazar el calendario electoral es absolutamente inconstitucional y no tiene ninguna posibilidad de hacerse".
Según el acuerdo general que alcanzaron el año pasado Gobierno y guerrilla para desarrollar las conversaciones de paz, el punto sobre participación política incluye el debate sobre los derechos y garantías para el "ejercicio de la oposición política en general y en particular de los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final".
También la discusión sobre el acceso a los medios de comunicación o los mecanismos democráticos de participación ciudadana en todos los ámbitos, incluidos los sectores más vulnerables.
La reanudación de los diálogos de paz se ha producido en medio de la controversia entre Colombia y Venezuela por la reunión que mantuvo recientemente el presidente Santos con el opositor venezolano Henrique Capriles y que la guerrilla criticó al considerarlo una "provocación".
Este martes, sin embargo, no hubo desde las partes ninguna mención expresa a esas tensiones.
Como suele ser habitual en sus declaraciones, De la Calle resaltó de nuevo el "importante papel" que cumplen los países garantes del proceso de diálogo (Cuba y Noruega) y los acompañantes (Venezuela y Chile) en "propiciar un clima de confianza entre las partes".
En un comunicado conjunto divulgado posteriormente, ambas partes informaron de que durante esta semana trabajarán por separado para "agilizar" la mesa y "cada delegación estudiará distintos documentos, especialmente los que provienen del foro sobre participación política".
Además, los equipos negociadores recibirán esta semana a "voceros" de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, las dos instituciones que organizaron ese foro realizado en abril pasado en Bogotá./EFE
Martes 11/06/2013