DPA
El partido peruano Fuerza Popular (FP), que sigue las ideas del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, defendió hoy el derecho a que uno de sus miembros presida la comisión que investigará a presuntos remanentes de la corrupción desatada durante el gobierno de su líder (1990-2000).
La máxima dirigente de FP, Keiko Fujimori, aseguró que su sector no tiene vínculos con la red que lideró el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y agregó que las pesquisas que encarará la comisión no tienen nada que ver con la actual bancada del partido.
La ex candidata presidencial reaccionó así ante la ola de críticas que ha desatado el hecho de que el parlamentario derechista Juan Díaz Dios haya sido designado presidente de la comisión que investigará supuestos nexos entre el gobierno actual y Óscar López Meneses, un reconocido operador de la mafia que lideraba Montesinos.
"La designación (de Díaz Dios) es como poner a un gato de dispensero. Ellos (los fujimoristas) van a convertir esto en un circo político", afirmó la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza. En igual sentido opinaron otros sectores, que consideraron al menos "paradójico" que alguien de FP investigue a un montesinista.
"Si en esta investigación se encuentra que algún miembro de mi grupo político tiene nexos con López Meneses, Juan se inhibirá", sostuvo Keiko Fujimori. El parlamentario hizo la misma promesa.
Díaz Dios fue elegido el miércoles presidente por un acuerdo con pequeñas bancadas también representadas en la comisión. El oficialismo quería que la presidencia quedara en manos de alguna bancada de la oposición no radical, pero esa idea fue derrotada.
En principio la comisión iba a ser presidida por el centrista Víctor García Belaunde, pero éste se vio forzado a renunciar al grupo después de que se descubriera que había tenido una reunión privada con el presidente Ollanta Humala.
El caso se desató a finales del año pasado, cuando se descubrió que López Meneses, quien estuvo preso en la década pasada, contaba con protección oficial de la Policía y mantenía vínculos estrechos con oficiales de esa institución y posiblemente de las Fuerzas Militares.
Ante el escándalo, que motivó la salida de un ministro del Interior, un asesor presidencial y siete altos mandos policiales, surgieron especulaciones sobre presuntos nexos entre López Meneses y funcionarios del gobierno actual, por lo que el Congreso decidió formar la comisión.
Previamente, las bancadas acordaron que la comisión podía extenderse en el espacio para investigar si era preciso determinar los precedentes del operador montesinista, por lo que algunas bancadas plantearon que la presidencia no quedara en manos de ninguna de las fuerzas que presidió los últimos gobiernos.