El Gobierno mexicano pidió este jueves "un proceso justo" para el exgobernador del estado de Puebla Mario Marín (2005-2011) detenido el día anterior acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras desvelar una red de prostitución infantil.
"Yo insisto en que ya está detenido, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y lo único que te puedo decir es que todos en este país debemos tener un proceso justo", expresó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El caso de Cacho y Marín, un político conocido como "el góber precioso", es emblemático de la persecución de la prensa en México desde 2005, cuando una decena de policías la detuvieron sin orden de arresto para trasladarla de Cancún a Puebla en un vehículo del empresario textil José Kamel Nacif.
Violación "no grave" de las garantías individuales
El papel de Sánchez Cordero es relevante porque ella era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto cuando en 2007 exoneró al gobernador al concluir que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho.
Aunque Sánchez Cordero votó para exonerar al político, ella argumentó este jueves que reconoció las violaciones a los derechos humanos de la periodista.
"Obviamente fueron violaciones a sus derechos, sí. Yo lo dije categóricamente en las sesiones del pleno, incluso hablé de tortura psicológica a su persona. Pero el caso tuvo éxito en las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obviamente cumplimos la recomendación", dijo.
El Gobierno mexicano ya cumplió
La secretaria argumentó que el Gobierno mexicano ya cumplió con la disculpa pública que ofreció a Lydia Cacho en enero de 2019, cuando ella, ahora como titular de la Segob, reconoció que se violaron sus derechos humanos en 2005.
El Gobierno de México no había reaccionado hasta 2018, cuando el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
La funcionaria insistió en que el exgobernador, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), merece la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.
"Tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial. De que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan. Y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad", sostuvo.
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